Las cláusulas suelo y los gastos de hipoteca siguen atascando el juzgado en Zamora

Ni la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a los bancos a abonar los gastos hipotecarios ha surtido efecto: el Juzgado número 6 de Zamora especializado ha recibido desde el uno de enero 196 demandas de ciudadanos. El elevado número de demandas, del que 118 se presentaron en los primeros 31 días del año, mantiene al órgano judicial en una situación de atasco que ni la juez de refuerzo ha logrado zanjar, aunque sí mitigar de forma significativa, apunta la titular del Juzgado número 6 de la capital y decana de los jueces, Isabel Aguado García-Luján. La realidad es que “duplicamos al resto de juzgados en número de asuntos civiles”, a pesar de estar exentos de recibir y tramitar el resto de asuntos civiles, salvo los de familia, en los que este órgano no entra en el turno reparto para aliviar la carga de trabajo. A este volumen de trabajo relacionado con causas bancarias hay que sumar otros asuntos que absorbe la oficina judicial.

Las reclamaciones de los gastos de tasación, a los que se refiere el Tribunal Supremo en su sentencia, eran pocos porque el criterio de la Audiencia de Zamora se inclinó del lado de los bancos, una decisión que ha enmendado el Alto Tribunal, por tanto, se espera que las causas en las que se exija la devolución de estas cuantías comiencen a llegar al Juzgado en cantidad.

A la vista de todas estas circunstancias, el horizonte no parece presentarse con mejores perspectivas para la magistrada y funcionarios del número 6, puesto que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene previsto retirar en junio el refuerzo y que la especialización del Juzgado en asuntos bancarios desaparezca, una decisión que no beneficiará a nadie, tampoco al ciudadano al implicar que no será posible agilizar la resolución de casos acumulados.

En estos momentos, la oficina civil tiene más de 300 demandas de cláusulas suelo y gastos hipotecarios a la espera de que iniciar su tramitación, paso previo a que pueda celebrarse el juicio. Y “más de 1.000 asuntos entre los que están pendientes de concluir y los que están ya en proceso de tramitación”, concreta la magistrada zamorana. El mantenimiento de asuntos en el tiempo se explica por el carácter retroactivo de la resolución judicial que obliga a los bancos a devolver el dinero cobrado a los clientes a los que aplicó las cláusulas suelo y los montantes relativos a los gastos dehipoteca que se formalizaron antes de 2019.

La incertidumbre sobre cuándo podría prescribir ese derecho a reclamar ha contribuido a aumentar la llegada de asuntos, de modo que si “estábamos en 40 causas por mes”, especifica la juez, “el número de demandas se ha incrementado” considerablemente.

El Supremo ha resuelto “que salvo el impuesto, el banco debe asumir todos los gastos en las hipotecas suscritas antes de 2019”, por lo que “se ha beneficiado esencialmente al consumidor”, indica Aguado García-Luján. La jurisprudencia establece que el titular de la hipoteca por compra de vivienda realizada hasta 2019 podrá exigir al banco la devolución del 50% de los gastos derivados de la notaría y el cien por cien de gestión y tasación que en su día asumió en solitario. Hace tres años, el CGPJ acordó la especialización del Juzgado número 6 para que asumiera solo los asuntos relativos a las demandas por cláusulas abusivas y gastos de constitución de hipotecas para la adquisición de viviendas, demandas que lograron colapsar en solo seis meses el funcionamiento normal de este órgano en 2017. La situación se mantuvo durante meses y obligó, incluso, a suspender juicios hasta que se nombró a una juez de apoyo ante la avalancha de demandas, casi 2.000 en menos apenas un año.

El refuerzo que llegó en verano de 2018. Al inicio de ese año, se acumulaban 1.100 asuntos, una cifra muy cercana a los 922 demandas recibidas a lo largo del año pasado y que sumarán la misma cantidad en este 2021 si continúan creciendo al mismo ritmo. Para resolver ese tapón, “necesitaríamos que mantuvieran el refuerzo hasta que sacáramos todos los asuntos pendientes” y, a partir de ahí, repartir esos asuntos entre todos los juzgados de Primera Instancia e Instrucción, como se ha apuntado ya que ocurrirá en breve. Esa sería la única fórmula para liberar el número 6 del exceso de volumen de asuntos y no sobrecargarlo más.

De hecho, en otras provincias, la Junta de Jueces ha acordado solicitar que se mantenga la especialización y el juez de refuerzo. Otra solución sería establecer un régimen transitorio para un reparto mínimo entre todos los juzgados. Sin embargo, esta última solución no parece la más adecuada para descongestionar el juzgado. En la actualidad, el Juzgado número 6 está exento del resto de asuntos civiles, salvo los relativos a familia, que han sumado 15. En cuanto a asuntos penales, el órgano judicial tiene registrados 500 asuntos en tramitación, el número habitual de los que cada anualidad absorbe.