¿Se puede estar en la calle a partir de las ocho de la tarde? Ni las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado saben responder a la pregunta. Eso, al menos, han manifestado los sindicatos mayoritarios de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que han exigido al Gobierno que concrete si deben ceñirse a la norma emitida unilateralmente por la Junta de Castilla y León o, por el contrario, tienen que mantenerse a la expectativa frente al recurso que el Ejecutivo nacional interpondrá contra dicha resolución. En Zamora nadie sabe nada, en una extrapolación del caos en el que se encuentra toda la comunidad autónoma. Por eso, tanto la Subdelegación del Gobierno como el Ayuntamiento de Zamora hablan de cumplir esa norma regional, aunque con reservas. Mientras tanto, como siempre, es el ciudadano el que sufre las consecuencias.
La muestra más clara de la situación de incertidumbre en que se encuentra sumida Castilla y León es la estadística de sanciones. En la primera noche del nuevo toque de queda, la del sábado al domingo, no se puso ni una sola multa por saltarse el toque de queda entre las 20.00 y las 22.00 horas. Por el contrario, cuatro ciudadanos fueron sancionados a partir de las diez de la noche. Jupol y Jucil, los sindicatos mayoritarios de Policía Nacional y Guardia Civil, han mostrado su preocupación “ante las dudas que existen en estos momentos entre los efectivos” de Zamora, que “carecen de órdenes precisas sobre cómo actuar a partir de las 20.00 horas”.
Mañueco afirma que continuará tomando medidas “para proteger la vida y la salud”
La Subdelegación del Gobierno en Zamora, de quien dependen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tampoco aclara la situación. “Los efectivos velarán en todo momento por el cumplimiento de la normativa en vigor, aunque con criterios de proporcionalidad”, explican desde la institución. Es decir, disuasión antes que sanción. Una política que también ha asumido el Ayuntamiento de Zamora, de quien depende la Policía Municipal. La concejala de Seguridad Ciudadana, Concha Rosales, ha explicado a este diario que, a falta de pronunciamiento por parte del Gobierno de España, se ha optado por acatar la norma de la Junta, aunque con ánimo dialogante y de persuasión.
En mitad de la tormenta política, como casi siempre, se encuentra el ciudadano. Los zamoranos saben que no deben estar en las calles a partir de las ocho de la tarde, como así dicta la orden del 15 de enero de la Junta de Castilla y León. También conocen cuáles son las excepciones y entienden qué son actividades esenciales y cuáles no. No obstante, los grandes centros de alimentación, los supermercados de toda la vida, mantienen dudas sobre su papel en todo este tinglado. ¿Son un servicio esencial? ¿No lo son? ¿Lo son para la venta de según qué productos? En definitiva. ¿Pueden o no pueden abrir más allá de las ocho de la tarde? A fecha de ayer, ninguna de las superficies tenía claro lo que debía hacer a este respecto.
El Ejecutivo de Sánchez habla de “vulneración de los derechos fundamentales”
Las dudas se incrementan mientras el Gobierno de España y la Junta de Castilla y León se tiran los trastos a la cabeza. A primera hora de ayer domingo, el Ministerio de la Presidencia anunciaba que ha solicitado a la Abogacía General del Estado que interponga un recurso ante el Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo para tumbar la norma que limita la movilidad de los ciudadanos en Castilla y León. Una maniobra sustentada en la consideración, por parte del Gobierno, de que la Junta ha vulnerado el Real Decreto del estado de alarma y que ha “infringido nítidamente” el punto en el que se regula la restricción horaria, el toque de queda.
Una amenaza que no ha encontrado la respuesta deseada en el seno de la Junta de Castilla y León. Apenas unos minutos después, el presidente Alfonso Fernández Mañueco utilizaba sus redes sociales para reafirmarse en la decisión. “Seguiré tomando medidas para proteger la vida y la salud de las personas de Castilla y León. Nuestros vecinos están a la altura del difícil momento actual, cumpliendo el toque de queda a las 20.00 horas”, apuntaba el dirigente.
EL GOBIERNO, QUE ACUDIRÁ A LOS TRIBUNALES, PIDE A LA JUNTA “DIÁLOGO”
El Gobierno de España, que ya ha anunciado que acudirá a los tribunales para tumbar la nueva norma impuesta por la Junta de Castilla y León respecto al toque de queda, ha pedido al Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco “que se avenga a la vía del diálogo” en lugar de tomar “decisiones unilaterales”. El delegado gubernamental en la región, Javier Izquierdo, ha sido tajante al solicitar a la comunidad autónoma “que anule el acuerdo” anunciado el pasado sábado y que acuda al Consejo Interterritorial de Salud para abordar nuevas medidas. Izquierdo se ha mostrado “sorprendido” por la manera de actuar de Mañueco e Igea respecto a un tema tan sensible como este. “Es evidente que se está hablando de derechos fundamentales, en este caso, relacionados con la libertad de circulación, que tienen la máxima protección del ordenamiento jurídico y debe hacerse con las máximas garantías para evitar cualquier tipo de problema”, ha señalado el máximo representante del Gobierno de España en la comunidad autónoma.
