Cuatro meses de cárcel por entrar en un piso de Zamora, remodelarlo y aportar un contrato falso

La laxitud de la legislación frente a los delitos de ocupación de viviendas y por el uso de un contrato de alquiler falsificado ha dejado en una condena mínima, cuatro meses de prisión y multa de 980 euros, la impuesta al zamorano que entró en un piso del barrio de San José Obrero en 2019, al que cambió la cerradura. Además, realizó reformas, como la colocación de tarima y la instalación de una caldera de gas, sin que sus propietarios tuvieran la menor idea del nuevo uso que se estaba dando a su propiedad.

El hombre, que subarrendó las habitaciones por 200 euros al mes, según consta en la sentencia, fue descubierto por los vecinos de los dueños del inmueble, que advirtieron la presencia de un extraño que entraba y salía del mismo. Cuando los verdaderos dueños denunciaron la ocupación ilegal y el juzgado emprendió las acciones pertinentes para el desahucio del inquilino ilegal, este presentó un contrato que dijo haber suscrito con una mujer, a la que escuchó en un bar que alquilaba una vivienda, sin que la supuesta propietaria pudiera ser localizada a lo largo de año y medio.

El Juzgado de lo Penal también condena al imputado por presentar documentos falsos en un juicio sabiendo que lo eran, en concreto tres recibos del alquiler, uno del mes de abril y otro de dos meses de fianza, cada uno de ellos de 350 euros, además de otro de la luz fechado el 15 de abril de 2019. Estos documentos son esenciales para la condena, puesto que vienen a demostrar que el hombre estaba en el piso, al menos, un mes antes de haber firmado el contrato de arrendamiento del día 10 de abril.

El acusado sostuvo que el alquiler lo firmó con una mujer de la que solo recordaba que se llamaba Laura, a la que escuchó que tenía un piso para arrendar en el bar que ambos frecuentaban para tomar café. Aunque el imputado no pudo dar de alta el agua porque la compañía le advirtió que la titular del inmueble no era ninguna mujer llamada Laura, tal y como relató el mismo en el juicio, el imputado siguió con su plan de quedarse en la vivienda y “efectuó un enganche ilegal” a la red para poder disponer de ese servicio.

La juez califica como “sorprendente” que el inquilino no tratara de pedir explicaciones a la supuesta dueña para que le aclarara si el piso era o no suyo. El ahora condenado cuando recibió la demanda de desahucio llegó a ese juicio con el contrato falsificado y los tres recibos de alquiler supuestamente firmados por la mujer, que aseguró haber buscado para poder disponer de esos documentos rubricados la contratante, si bien no sabía cómo localizarla para que testificara en el Juzgado y aclarar lo ocurrido.