La Junta de Castilla y León comenzará esta misma semana el abono de las ayudas al pago del alquiler aprobadas hace unas semanas en el marco de las partidas puestas sobre la mesa para superar la crisis económica derivada del COVID-19. Se abonará la cuantía a los primeros solicitantes, un número que pese a la situación actual todavía es escaso, señalan fuentes de la Junta sin aportar más detalles. Se da la paradoja de que el abono de estas ayudas llega mientras más de 500 familias de la provincia esperan todavía la ayuda ordinaria al alquiler correspondiente al año pasado, partidas que quedaron paralizadas aunque, indican desde la administración, están "reservadas" y se abonarán cuando se levante el estado de alarma o "incluso antes" porque, recuerdan, los trámites administrativos se ponen en marcha a partir de hoy.
Por lo que respecta a las nuevas ayudas, que son finalistas para el pago de la renta de las personas afectadas económicamente por la crisis del COVID-19 en la comunidad autónoma, cabe recordar que la Junta abonará un máximo de 500 euros mensuales durante un periodo tope de cuatro meses a las personas que resulten beneficiarias. El abanico de perceptores será, a buen seguro, mucho más amplio que el de las ayudas ordinarias, ya que los requisitos que se exigen son en esta ocasión mucho más laxos. Una familia con hijos que perciba menos de 1.600 euros estaría dentro de las cláusulas que exige la Junta, por lo que podría recibir la ayuda. En ciudades como Zamora el tope máximo, de quinientos euros, dará para pagar el cien por cien de la renta en una mayoría de los alquileres. En otras capitales de la región, con alquileres más caros, las partidas económicas se quedarían muy cerca.
El plazo para la solicitud de la ayuda sigue en estos momentos abierto. Los interesados pueden presentar la documentación hasta el próximo 30 de septiembre, indica la administración autonómica. En cualquier caso se pagará un máximo de 500 euros durante cuatro meses de renta, inciden las mismas fuentes.
De otro lado, el impago del alquiler se ha triplicado en España a raíz del frenazo económico que ha traído aparejada la situación sanitaria. Según los datos que maneja Asval, la Asociación de Propietarios de Viviendas de Alquiler, la morosidad ha pasado de suponer el cinco por ciento del total de arredamientos a alrededor del quince por ciento. Llevado a los datos de Zamora, esto vendría a significar que unos 500 inquilinos no han pagado la renta a sus caseros.
La organización considera que este porcentaje se podría reconducir con nuevos estímulos, y por ello ha reclamado a las administraciones que "aceleren e incrementen de forma urgente las diferentes líneas de ayudas destinadas a los inquilinos que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica provocada por el Covid-19".
La solución, según la organización de propietarios, debería pasar por ofrecer ayudas directas a los inquilinos que no supongan un endeudamiento. Con ello se evitaría de forma notable la litigiosidad y redundaría en el mantenimiento de la oferta de vivienda en alquiler. Es una estrategia como la que ya plantea la Junta.
