La recomendación realizada por el Comité Científico del Ministerio de Transición Ecológica, que preside Teresa Ribera, para que el lobo pase a integrarse en todo el territorio en el listado de Especies Silvestres en régimen de Protección Especial reaviva la confrontación entre los partidarios de una conservación estricta de la especie y quienes apuestan por un control de su población a través de caza. Existió "unanimidad de criterio de todo el Comité y de los expertos consultados" según expone el informe, fechado el pasado 22 de febrero.

El informe del Comité Científico responde así a la solicitud realizada por la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel) el 4 de octubre al Ministerio para la Transición Ecológica, que solicitó la inclusión del lobo en el catálogo Español de Especies Amenazadas, en la categoría de "vulnerable" para todo el territorio español. No fue asumido en este grado, pero sí con la catalogación de Protección Especial.

El representante de Ascel, Jorge Echegaray, pone de manifiesto que "ante esta cuestión del Ministerio la Junta de Castilla y León debería iniciar de oficio los trámites para inclusión del lobo en el listado y el catálogo de Protección Especial y denotaría un buen principio de gobernanza y de cogobernanza". Sostiene que la Junta "está degradando la protección legal de interés comunitario que tiene el lobo y que no puede ser cinegética". Culpa a la Junta de ser la difusora del informe "porque quiere polarizar y meter mierda en una decisión administrativa con el objetivo de aprobar una nueva Ley de Caza en cuyo borrador se mantiene al lobo como especie cinegética".

El censo del lobo sigue siendo más que cuestionado tanto por conservacionistas como por cazadores, y que ha dado pie a la Justicia para fallar reiteradamente contra la gestión del cánido realizada por la Junta de Castilla y León, y al Procurador del Común a solicitar la realización con urgencia de un nuevo censo.

Respecto al censo Echegaray dice que no le ofrece "ninguna garantía". Apunta que "es la herramienta de justificación para la caza. Están sobredimensionados y recientemente se ha publicado un trabajo que dice que el tamaño medio de grupo es de 4,2 y la Junta lo aumentó del más del 100% para justiciar la caza. Si fuera tan boyante ¿cómo es que en dos censos el número del grupo de lobos sea prácticamente mismo? Cuenta grupos de lobos que comparten territorios vecinos como propios". "Hay que analizar que existen variaciones y mientras que en algunas zonas ha habido asentamiento en otras, como Burgos, hay retracción" indica.

Ascel defiende el interés general, la naturaleza, la biodiversidad, el bien común y el papel ecológico del lobo para el largo plazo y no el interés sectorial".

Por su parte, Antonio de José Prada, presidente de la Asociación Zamorana para la Defensa de la Caza y de la Pesca, pone de relieve que "no tenemos certeza de que el Ministerio para la Transición Ecológica haya analizado los posibles efectos legales, ecológicos y las inevitables consecuencias socioeconómicas que tendría la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial para los territorios al norte del río Duero, además de para la propia especie" Añade que "en la actualidad, la especie de acuerdo con la Ley tiene la condición de "interés comunitario", que implica que sin estar comprometida su conservación se debe realizar un seguimiento de su estado, siendo la especie (poblaciones) susceptible de medidas de gestión. Entre las medidas de gestión y como no podría ser de otra manera, está la caza (social o de control) que desde la Asociación Zamorana para la Defensa de la Caza y de la Pesca hemos defendido y defenderemos."

"Lobo lo han convertido en un negocio" expresa Emilio Sanz-Pastor, de Caza en Abierto, que dice estar trabajando "un dossier documental en el que se acredita que los censos realizados estos últimos años son falsos y han sido manipulados por personas de la administración y animalistas para ocultar la realidad: que las poblaciones están disparadas, descontroladas y que el lobo no solo debería estar excluido de la lista de especies protegidas sino que se debería autorizar urgentemente su control cinegético al sur del Duero". "El Lobo es un negocio. Pingües son las subvenciones que unos y otros reciben de sostener la mentira de la que muchos han hecho su forma de vida". Respecto a los daños a la ganadería subraya que "muchos son y están mal indemnizados porque al ganadero se le debería indemnizar no con el valor standard del animal sino por el valor de reposición. Pero no se habla del daño e impacto ecológico que un exceso de población de una especie causa en las demás, en la pirámide poblacional. Se debe empezar a hablar, de las responsabilidades y del coste, que no las debe asumir "el estado" con dinero público sino los grupos ecologistas y las personas de las administraciones que participan de este engaño".

La argumentación "científica" de Ascel se extiende por un documento de 66 páginas donde se expone la evolución histórica, la distribución y hasta propuestas para mejorar el conocimiento del lobo.