La provincia de Zamora contabilizó el pasado año un total de 23 agresiones a sanitarios, lo que supone una disminución de 13 respecto al 2018, que registró un total de 36. La mayoría de los conflictos se producen en los hospitales, seguido de los centros de salud y solo un incidente en emergencias. La mayoría de este tipo de conflictos fueron agresiones verbales dirigidas a mujeres.
Son los datos que maneja la Comisión de Seguimiento sobre la prevención de agresiones a profesionales sanitarios en el ejercicio de sus funciones, reunida ayer con la presidencia de la delegada de la Junta, Clara San Damián, anfitriona del encuentro, el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, los interlocutores policiales sanitarios (comandante Jesús González Tejada por la Guardia Civil e inspector José Francisco Ramos Martínez por la Policía) y representantes de distintos colegios profesionales como los de Médicos, Enfermería o Farmacéuticos.
Desde el año 2015 los profesionales sanitarios en el ejercicio de su trabajo están considerados legalmente como autoridad y por lo tanto, una agresión por parte de un paciente o un familiar se considera atentado contra la autoridad.
Posteriormente en 2017 se estableció la figura del interlocutor policial sanitario, que tiene una doble vertiente, en la provincia y la capital, a cargo de Guardia Civil y Policía. La primera labor fue elaborar el censo de centros sanitarios (en la provincia salían 454 consultorios públicos y privados) y ordenarlos de acuerdo al riesgo de seguridad que presentaban, teniendo en cuenta varios factores, como si disponían o no de alguna vigilancia o medida de protección, o la tenían parcialmente, indicó el comandante González Tejada.
A la vez ambos interlocutores sanitarios llevan a cabo acciones preventivas y formación, con talleres prácticos para los sanitarios en los que se les enseñan tácticas para evitar en lo posible los conflictos.
Y por último está la fase reactiva, en la que incidió también el inspector Ramos, ya que la denuncia es fundamental para lograr atajar a largo plazo el problema de las agresiones a sanitarios. Y es que la denuncia permite que los hechos no queden impunes, ya que de hecho se pueden castigar con multa, o en caso de considerarse por el juez infracciones penales, con penas mayores, que pueden alcanzar hasta los cuatro años de prisión.
Violencia
Y es que, si bien las agresiones físicas se suelen denunciar, no ocurre lo mismo con muchos casos de coacciones o violencia verbal.
La gerente de Asistencia Sanitaria, Montserrat Chimean reconoció que los profesionales sanitarios son diligentes a la hora de comunicar a las fuerzas de seguridad los casos de violencia de género o maltrato con los que se encuentran en las consultas, pero no suelen ser tan partidarios de denunciar las agresiones que sufren ellos mismos.
La delegada territorial indicó que "es prioritario para la Junta garantizar que los profesionales de la Sanidad presten su servicio en condiciones de seguridad y sin el temor a ser agredidos en el ejercicio de sus funciones". Por su parte, el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, ha señalado que "uno de los principales problemas es la discrepancia en las cifras ya que muchos de los incidentes que se producen no se convierten en hechos denunciados".
