La Junta de Castilla y León ha tramitado 423 ayudas de renta garantizada de ciudadanía. "Aquí me gustaría destacar que han disminuido respecto al año 2018 en aproximadamente 111 solicitudes frente a las 534 del pasado año. Las condiciones son las mismas pero se han reducido las solicitudes", señalaba Clara San Damián.

Las ayudas de la renta garantizada de ciudadanía son las destinadas a las familias que carecen de cualquier otro medio de subsistencia. Su cuantía básica es del 80% del Iprem, el índice que se utiliza para el cálculo de renta en servicios sociales, que ahora mismo se sitúa en 537 euros por lo que la renta de ciudadanía estaría en torno a los 430 euros. Eso sí por cada miembro de la unidad familiar o de convivencia distinto del titular se reconocerá un complemento del 25% de la cuantía básica por el primer miembro, el 15% por el segundo y el 10% por el tercero y siguientes.

A nivel autonómico en los últimos cuatro años se ha registrado un incremento constante del número de perceptores que sale de la Renta Garantizada de Ciudadanía al encontrar un empleo gracias a los distintos programas de inserción que se desarrollan para ellos por parte de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, como los itinerarios personalizados de empleo o los programas de inserción que se desarrollan con el tercer sector. Esta puede ser precisamente una de las causas de la caída de perceptores, el hecho de que muchos de los programas de empleo favorezcan sobre todo a colectivos más vulnerables, como son los que necesitan recurrir a la renta garantizada de ciudadanía.