Más de 2.000 usuarios, más de 400 trabajadores y un presupuesto anual de casi siete millones de euros convierten al servicio público de asistencia a domicilio en uno de los contratos de mayor envergadura para la Diputación de Zamora que ayer adjudicó el nuevo contrato a la empresa Servisar Servicios Sociales S.L. Con 22 votos a favor y 3 abstenciones de Izquierda Unida, el Pleno ordinario del órgano provincial correspondiente al mes de marzo dio el visto bueno a la prestación del contrato por parte de la nueva concesionaria, autora de la proposición económica más ventajosa tras la exclusión de una de las ocho empresas presentadas debido a su "desproporcionada" oferta a la baja.
El nuevo contrato para las anualidades de 2018 y 2019 contempla un presupuesto anual de 6,9 millones de euros, lo que se traduce en un sensible aumento de 1,5 millones de euros respecto a años anteriores. Actualmente, más de 400 trabajadores prestan el servicio a 2.066 usuarios del medio rural. Además, según destacó el portavoz popular Aurelio Tomás, la Diputación de Zamora ha logrado reducir a cero la lista de espera del servicio si bien es cierto que 166 peticiones han sido catalogadas de grado cero, por lo que la prestación no es de obligado cumplimiento para estos casos.
El notable aumento de la cuantía permitirá a la nueva empresa adjudicataria la contratación de nueve trabajadores sociales y tres auxiliares administrativos. Un aumento de personal que también implicará el incremento de 80.000 horas de trabajo en favor de las personas dependientes de la provincia. Pese a su aprobación, los grupos de la oposición volvieron a afear al equipo de Gobierno la asunción de esta competencia, propia de la Junta de Castilla y León, pero que acaba gravando las arcas provinciales. Aunque, tal y como sopesó el portavoz de Ciudadanos en el Grupo Mixto, David Carrión, solo había dos alternativas: asumir el servicio o dejar a los ciudadanos sin él, por lo que la postura de la Diputación era manifiesta. No obstante, desde IU se instó al órgano provincial a acomodarse al acuerdo establecido entre la Junta y la Federación Regional de Municipios y Provincias a fin de mejorar la gratuidad del servicio para las personas dependientes.
Respecto al área de Desarrollo Económico, la sesión plenaria ratificó la aceptación de la ayuda concedida al proyecto Emprendejoven Zamora, destinado a la integración de usuarios adscritos al Sistema Nacional de Garantía Juvenil en el mercado laboral. En concreto, el programa ofrecerá una decena de itinerarios y 4.000 horas de formación a 150 jóvenes con edades comprendidas entre 16 y 30 años y en riesgo de exclusión social. El importe de la iniciativa asciende a 650.000 euros, de los que la Diputación aportará un 8,11% (52.715 euros) y el Fondo Social Europeo el 91,98% restante (597.825 euros).
Ya en el apartado de mociones, la Corporación dio luz verde a una nueva redacción menos confusa del Reglamento de Gestión de Bolsas de Empleo de la oferta pública de la Diputación así como la instalación de muladares para aves carroñeras a instancias de David Carrión para minimizar los ataques de buitres a las cabañas ganaderas. Asimismo, a propuesta de Izquierda Unida, la institución provincial iniciará un expediente administrativo para dilucidar si Carlos Pinilla Turiño posee la Medalla de Oro de la Diputación, tal y como sugieren los informes presentados por la asociación Benito Pellitero.
En este punto, la Corporación expresó su voluntad de seguir cumpliendo la Ley de Memoria Histórica y "cualquier ley", en palabras de la presidenta, Mayte Martín Pozo. Eso sí, una enmienda de matización del Grupo Popular a la moción volvió a despistar a los diputados evidenciando la necesidad de un "curso monográfico" sobre el proceso de votación de las mociones, tal y como propuso Martín Pozo en tono de broma al secretario.
