La empresa de saneamiento de aguas residuales de Zamora defenderá en el juzgado las mediciones que amparan la deuda que la capital reclama a la vecina Roales por la depuración del agua. El proceso judicial lleva más de un año en el juzgado y el Ayuntamiento del municipio limítrofe "sigue sin abonar una sola factura", explica el concejal de Medio Ambiente en la institución de la capital, Feliciano Fernández.

El último avance en el procedimiento judicial consiste en el emplazamiento por parte del juzgado a la UTE Saneamiento Zamora para presentar su defensa, una declaración que desde el Ayuntamiento zamorano "hacía tiempo que considerábamos necesaria", puntualiza Fernández. El concejal del área hace referencia al distanciamiento entre ambos ayuntamientos al registrar diferencias de hasta un 500% en las mediciones de cada institución local. El alcalde de Roales, Miguel Ángel San Martín, denunció en su momento que el caudalímetro colocado en el bosque de Valorio estaba "mal instalado" y, por ende, sus mediciones "carecían de validez".

En el proceso judicial han intervenido ya peritos y técnicos municipales, a los que se suma ahora la concesionaria tras darle la correspondiente audiencia.

Mientras tanto y, a la espera de la resolución judicial, Roales "devuelve una a una todas las facturas" con el argumento de no estar de acuerdo con las mediciones, que tendrán que valorar los tribunales.

El 85% de las aguas vertidas por Roales tiene una procedencia "industrial", mientras que en Zamora "la proporción es la contraria, la mayoría es doméstica". Esta tesis defendida desde siempre por Feliciano Fernández tumba la teoría del alcalde de Roales, Miguel Ángel San Martín, encaminada a que "no tiene sentido que un pueblo pequeño como éste pague las cantidades que nos aplican". Según el edil de la capital, "esto no se mide por número de residentes sino en habitantes equivalentes, es decir, en función de la carga contaminante teniendo en cuenta las industrias o las explotaciones ganaderas". Los zamoranos plantean que "hay por encima de 15 industrias que vierten y nunca nos habían comunicado la conexión hasta hace unos meses", recriminó en su día Fernández. En este sentido, la repercusión a las empresas se ha producido en el último año y medio porque "no controla a sus empresas, la predepuradora no la utilizaban y se estaban ahorrando todo ese dinero de la depuración previa".