El Partido Popular ha impulsado una proposición desde la institución provincial para pedir a la Junta de Castilla y León que "paralice" la creación del "área funcional estable" de Benavente -sería la segunda de la provincia tras la que afecta a la capital- hasta haber escuchado a los ayuntamientos de aquella comarca, que se han postulado mayoritariamente en contra al desconocer "los beneficios" que comportan para los municipios afectados en términos autonomía o prestación de servicios. Dichas áreas son un pilar de la reordenación territorial, encaminada a "racionalizar" los recursos públicos.
En la defensa de "los intereses" de los pueblos de la comarca benaventana, el portavoz popular Aurelio Tomás criticó "la indefinición" del nuevo mapa territorial, uno de los empeños del presidente Juan Vicente Herrera. "Es difícil que los alcaldes se puedan manifestar a favor o en contra, porque no sabemos si el mapa va a ser beneficioso o perjudicial para los ayuntamientos", apuntó Tomás.
Asimismo, la Administración regional "nos pide nuestro criterio", pero "es difícil tenerlo en este momento" porque actualmente "no hay informes sobre las ventajas y los inconvenientes" de la segunda área funcional de la provincia. En su intervención, el portavoz del PP en la Diputación precisó que los alcaldes de la comarca afectada "no están en contra del área funcional de Benavente, sino del procedimiento".
Sin embargo, la oposición se mostró crítica con la propuesta que se envía a Valladolid. Francisco Molina, de Izquierda Unida, afirmó que los alcaldes populares "no critican solo la parte de Benavente, sino toda la ley". El portavoz del PSOE, Manuel Ramos, reprochó a Martínez Maíllo que le había escuchado decir que el nuevo mapa territorial "iba a solucionar todos los problemas", y el presidente le reprochó que "ustedes son tres en el PSOE y no se aclaran".
