El diputado de Izquierda Unida, Francisco Molina, ha señalado un supuesto "trato de favor" del Partido Popular hacia Javier Jambrina, el arquitecto que optó al proyecto de remodelación del Banco de España para convertirlo en sede de la Policía Local. En este caso, IU sostiene que el vicepresidente de la Diputación, José María Barrios, entregó a la empresa de este diseñador 40.000 euros en concepto de patrocinio deportivo de un barco de competición cuando estaba al frente del Patronato de Turismo.
Cabe recordar que IU ya puso de manifiesto que dos miembros populares en la mesa de contratación del proyecto del Banco de España votaron en contra del criterio de los técnicos para "favorecer" al arquitecto que Molina cita como "J. J.", aunque finalmente fue otro aspirante el que se hizo con el contrato.
En este caso, Francisco Molina sostiene que el Patronato de Turismo cambió el barco que patrocinaba en 2010 para apoyar una nueva embarcación, propiedad de la firma Pialver Shipping, y "qué casualidad, los administradores son el señor J. J. y su esposa". Además, según relató Izquierda Unida, el barco recibió otros 10.000 euros desde el área de Desarrollo Económico "por nada, por poner en el casco las marcas Alimentos de Zamora o Zamora cuenta mucho". Molina fue más allá al asegurar que dichos contratos tienen que ver con la "relación de amistad" entre José María Barrios y el arquitecto Javier Jambrina, vinculados ambos a Morales del Vino.
Sentencia de Valorio
Por otro lado, el grupo municipal de Izquierda Unida que la sentencia del TSJ de Madrid sobre las obras de Valorio "no entra en el fondo del asunto" y que únicamente afirma que "ha caducado el expediente" por lo que IU mantiene "todos y cada uno de los elementos que dieron lugar a la denuncia de enero de 2005". En este sentido, el grupo municipal defiende que dicha denuncia ante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (Olaf), órgano que acabó tramitando la consabida denuncia.
El escrito remitido a la Olaf por parte de Izquierda Unida hacía referencia a "unidades de obra no realizadas" en las obras que se ejecutaron entre 2003 y 2004. Francisco Guarido se desliga del "lío administrativo posterior" y señala al Partido Popular como responsable de esta situación "tapada" por "los populares y el concejal de Medio Ambiente".
