La Junta Directiva del Colegio de Abogados de Zamora participó ayer en la concentración convocada en Madrid para exigir la retirada de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que pone en jaque este servicio y puede suponer "una privatización encubierta" al favorecer que los grandes bufetes absorban esta función, "que pueden copar" este servicio, declaró ayer el decano zamorano, Norberto Martín Anero. La nueva normativa permitirá que los abogados puedan inscribirse en cualquier Colegio del país para atender el turno de oficio, lo que implica que "los grandes bufetes puedan inscribir a sus empleados" en cualquier provincia de España, algo que ahora está limitado solo a los letrados que ejercen en ese territorio. Los abogados quisieron dar un toque de atención al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, después de que se rechazaran las alegaciones presentadas contra el proyecto de Ley "desafortunado", que "reduce el umbral de acceso a la justicia gratuita hasta los 12.700 euros y mira con cierto recelo tanto a quien se beneficia de ella como a los abogados". Así se desprende de lo que parece una penalización para quienes en tres año hayan solicitado varias veces la justicia gratuita, situación nada extraña, puesto que son los más desfavorecidos, con recursos muy limitados, lo que afrontan pleitos vinculados a su falta de liquidez. Estos ciudadanos tendrán que demostrar que están dentro de los supuestos que permiten tener un abogado de oficio. Martín Anero subraya también que el Gobierno incrementa la burocracia y el coste para los colegios que la gestionan, y pretende cobrar por el servicio de orientación jurídica. En Zamora, 1.156 ciudadanos han conseguido un abogado de oficio en el primer semestre del año.
