La juez de Puebla levanta parcialmente el secreto de sumario del fraude a Fomento

Los abogados de los siete imputados en el caso del presunto fraude al Ministerio de Fomento, funcionarios de la Unidad de Carreteras de Zamora y de la UTE Rionegro que llevaba el mantenimiento en Sanabria-Carballeda, han podido ya conocer los términos de la investigación que lleva a cabo la jueza de Puebla de Sanabria, quien decidió hace unos días levantar parcialmente el secreto de sumario.

Los imputados, que ya prestaron declaración ante la juez «a ciegas», es decir, sin conocer los términos de la acusación de la Fiscalía Provincial, tienen ahora acceso a aquella parte de las pesquisas que se refieren a la presunta renovación de biondas en buen estado para comercializarlas y beneficiarse de las cantidades obtenidas con esa supuesta venta ilegal. Desde el Juzgado se trata de determinar si las cantidades obtenidas con estas supuestas operaciones ilegales se repartían entre los funcionarios de Fomento y los empleados de la UTE. En las diligencias, abiertas tras la denuncia de extrabajadores de la sociedad Rionegro, se haya, según parece, la referencia al levantamiento de estos elementos metálicos protectores en el tramo de los aproximadamente 50 kilómetros de la autovía de Padornelo a Río Negro del Puente.

La otra parte sobre la que se ha decretado el levantamiento del secreto del sumario se refiere a las facturas de las toneladas de sal que se distribuyen en el periodo invernal en ese sector de la Unidad de Carreteras de Zamora, que se sospecha «se doblaban», de modo que en algunas anualidades se emitían albaranes por 10.000 toneladas cuando en realidad las que llegaban a las vías públicas eran poco más de 4.000. La gestión de la sal la llevaba en su mayor parte directamente la adjudicataria, según se ha denunciado, puesto que en el contrato no figuraban expresamente partidas para la obtención de este material. La juez estaría tratando de comprobar, así mismo, si la calidad de este producto era adecuada, ya que se ha llegado a cuestionar tal extremo, que podría ser de difícil esclarecimiento.

Por el momento, la imputación afecta al ingeniero de Obras Públicas y jefe de Sección de la misma, cuyo nombre responde a las iniciales de R.T.R, quien pagó una elevada fianza para poder abandonar la prisión preventiva; al técnico encargado del sector, cuyas iniciales son S.S., que también abonó fianza para dejar Topas; y al jefe de obra de la empresa concesionaria, E.J.R., igualmente en libertad con cargos, tras el decreto de prisión eludible con fianza dictado por la juez en su día.

Dos empleados de la UTE y dos vigilantes de Fomento quedaron en libertad bajo fianza y no entraron en prisión. El exjefe de la Unidad Provincial de Carreteras, Esteban Marino, otro de los imputados en la causa, permanece en libertad con cargos y no tuvo que pagar fianza.