Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local
La llamada reforma local o «ley Montoro» entró en vigor este uno de enero con un articulado que pretende «evitar duplicidades», «clarificar competencias» y hacer más transparentes los costes de los servicios públicos para optimizar la gestión, ahorrar recursos y garantizar estas prestaciones a los ciudadanos a largo plazo. La normativa hará que la Diputación asuma un mayor peso en la gestión y asesoramiento de los ayuntamientos. A tal efecto, la institución ha promovido una comisión específica. Uno de los aspectos clave se refiere a la cesión de servicios por parte de los ayuntamientos, que se hará de forma voluntaria.
Reordenación territorial
Aunque dejó a un lado la cuestión competencial dado que la reforma local es una reforma básica (obligatoria sobre las demás), la Junta de Castilla y León aprobó el pasado mes de septiembre la puesta en vigor de la ley regional de reordenación del territorio, en la que los diferentes partidos políticos han trabajado durante los dos últimos años. Ambas leyes «no siempre dicen lo mismo», apuntan desde la Diputación. Por este motivo, la comisión «ayudará a aclarar situaciones confusas» y pedirá informes y respuestas a la Administración regional o a la Junta de Castilla y León en casos de ambigüedad. En este caso, las diputaciones también asumirán un mayor número de funciones.
