La indemnización media por despido en Zamora se duplica en los últimos 5 años

Las indemnizaciones medias por despido en la provincia se duplicaron en los últimos cinco años, alcanzando los 2.936 euros de media en el pasado año, frente a los 1.512 euros que se cobraban en 2007, según los datos aportados por el departamento técnico de la secretaría de Acción Sindical de UGT en Castilla y León.

Lo mismo ha pasado con las indemnizaciones medias por despido falladas desde los tribunales de lo Social, ya que han pasado de 168 en 2007 a 345 en 2012, lo que significa un aumento del 105%, un dato muy similar al registrado de media en Castilla y León (101%).

Estas cifras, según explicó el responsable del departamento del sindicato, Faustino Temprano, a la agencia de noticias Ical, refleja que las primeras embestidas de la crisis provocaron la salida masiva de temporales «que han ido desapareciendo de la mayor parte de las empresas porque sus despidos eran más baratos».

En números absolutos, los asuntos concluidos con despido y las indemnizaciones se han disparado en el último quinquenio recesivo. Así, si en 2007 se contabilizaron 2.907 asuntos resueltos en despido por los tribunales de lo Social, el año pasado se alcanzaron los 5.853, es decir, más del doble. Asimismo, las cantidades reconocidas a los trabajadores, pasaron de los 9,65 millones, a los 55,46, casi seis veces más.

Faustino Temprano recordó que «han aumentado las bases de cotización, los despidos que se tramitan vía judicial, se declaran improcedentes, y se resuelven con 33 o 45 días, y con un tope de mensualidades que aumenta». En concreto, las decisiones favorables al trabajador por despido improcedente se pagan con 45 días hasta el 12 febrero 2012 (entrada en vigor de la reforma laboral), y con 33 a partir de esa fecha, con un tope de dos años, salvo que el cálculo antes de esa fecha lo supere, con lo que se aplica la legislación anterior, con hasta 42 mensualidades.

«Es el ciclo que están viviendo ahora las empresas; les está costando caro ahora echar a los trabajadores de forma improcedente; y se están dando cuenta de que no es oro todo lo que reluce», aclaró. En este sentido, sustanciaron que esta es otra de las causas por las que están subiendo los expedientes de regulación de empleo suspensivos o de reducción de jornada, porque si la empresa carece de liquidez, tampoco puede pagar las indemnizaciones a los trabajadores a los que quiere echar.

Las mismas fuentes denunciaron que las empresas acuden a los expedientes de regulación de empleo cuando ya están al límite, cuando no debería constituir «una decisión final». «Las empresas aguantan hasta que no pueden y luego vienen los problemas. Se deberían anticipar las soluciones de viabilidad por ERE, con las espaldas cubiertas, no cuando ya no tienen solución, y acaban en concurso de acreedores, con el cierre, y los trabajadores acudiendo al Fogasa», explicó desde el sindicato regional.

Y es que los trabajadores afectados por medidas de extinción descendieron en 2012 un 13,4% respecto a 2011, hasta los 3.581 trabajadores despedidos. Por el contrario, se dispararon los afectados por medidas de suspensión, que pasaron de 17.305 en 2011 a 36.765 en 2012; y los de reducción de jornada, con 1.833 frente a 6.104, respectivamente.

Estos datos suponen que los afectados por un ERE de suspensión se dispararon porcentualmente en Castilla y León el año pasado respecto a 2011, un 112,4%, y los que sufrieron ajustes de jornada llegaron al 233%.