Los tres guardias civiles del cuartel de Puebla de Sanabria procesados penalmente por la «omisión del deber de perseguir delitos» podrían verse sin empleo y sueldo durante un año, si el Juzgado de lo Penal tiene en cuenta la petición efectuada por la Fiscalía, después de que la Audiencia Provincial decidiera su procesamiento, tras su exclusión en el auto dictado inicialmente contra los tres agentes, de iniciales A.G.T., M.M.L. y A.G.V., por la juez. El fiscal mantiene en su escrito de acusación que los tres, uno de ellos, A.G.T., del Seprona, «tenían indicios de la actividad delictiva y por razón de su trabajo debían denunciar los mismos», pero «no solo no realizaron dicha denuncia, sino que facilitaron a los acusados la comisión de los delitos». Y lo hacían porque «comunicaban» a los imputados en caza y venta ilegal de caza mayor «qué personas estaban o no de servicio» y cuándo eran ellos los que estaban trabajando.
