Los impulsores de la intervención judicial para exigir que se garantice la legalidad de la elección del presidente de CEOE-Cepyme en Zamora, José María Esbec, y designación de cargos directivos pretenden impedir que la actual Junta Directiva tome acuerdos el lunes que lleven a la Confederación a ver «comprometidos sus fondos, propios y subvencionados». Una posibilidad que sólo puede descartarse, a juicio de la Asociación de Empresarios de Benavente (Azebeco), si existe «una declaración judicial de nulidad de los acuerdos» que dieron cobertura a esos integrantes de la actual dirección de la patronal. En el escrito que deberá analizar un juez abundan en tal cuestión al subrayar que «en tanto no se justifique la legalidad de su cargo actual», parte de los componentes de la Directiva «detentan, que no ostentan», los cargos que ocupan. Como consecuencia, cualquiera de sus decisiones serán tomadas al margen de la normativa legal y de lo establecido por los estatutos de la CEOE-Cepyme.
En la solicitud de las diligencias preliminares, la patronal benaventana alega que esta acción judicial también busca evitar que se designe a los representantes de la Confederación zamorana en las diferentes comisiones y órganos que conforman la agrupación empresarial o en la que tiene presencia. Además, se exige la documentación y las actas que se levantaron en las reuniones habidas tanto el día 15 de octubre de 2012, cuando se reunió la Comisión Permanente y se celebraron las elecciones, como de la relativa al día 19 de ese mes; además del contrato firmado para incorporar al nuevo secretario de CEOE.
