«No haré declaraciones sobre este tema ahora. Las haré, pero necesito ver la situación y hablar con la gente con la que tengo que hablar. No creo que sea este el momento». El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zamora, Manuel Fuentes, al que le une una estrecha relación con Guil Fernández, como demuestra el que decidiera personalmente contratarla como coordinadora del grupo municipal, rehusó ayer efectuar cualquier tipo de manifestación al respecto de la polémica surgida en las filas socialistas por la contratación hecha por la Alcaldía del despacho de abogados del marido de la trabajadora socialista.
El secretario provincial del PSOE, Antonio Plaza, trata de evitar una nueva crisis interna. Y es que los militantes están «irritados por un comportamiento con el que no están de acuerdo. Mucha gente está bastante escandalizada» dentro del partido, aseguran fuentes próximas a la formación. Esta contratación implica un desembolso adicional para el Ayuntamiento de Zamora, «que solo puede echar a trabajadores o conseguir un ERE si justifica un déficit, y lo está provocando con la externalización de servicios, un gasto prescindible porque podrían habilitar funcionarios para resolver las alegaciones al Plan de Urbanismo», tarea que llevará a cabo el bufete del esposo de Guil.
A esa reflexión hay quien agrega el tinte político que tiene la decisión adoptada por el grupo del PP: «No es lo mismo que un funcionario estudie esas alegaciones o recursos, que contratar expresamente a alguien desde el equipo de Gobierno del PP para que te haga un trabajo a medida».
