Doce años después de que el arquitecto salmantino Francisco Javier Rodríguez Méndez presentara el Plan Director de la Muralla, el informe se encuentra obsoleto y requiere «una actualización sujeta a varios ajustes» tras el «incumplimiento» de su contenido. El documento técnico implicaba una inversión de 1.200 millones de las antiguas pesetas a lo largo de ocho años para consolidar, restaurar y difundir turísticamente el recinto defensivo zamorano. Sin embargo, muy poco de su contenido se ha ejecutado conforme a él ya que «se han limitado a actuar a golpe de derrumbe, nunca de una manera unitaria y ordenada y, por supuesto, tampoco acorde a ese plan redactado», apunta el arquitecto charro pero con fuertes raíces zamoranas que le hacen conocedor de los últimos acontecimientos en la capital en torno al cerco medieval.

Las sucesivas instancias del Ayuntamiento de Zamora al Ministerio de Cultura para retomar el Plan Director y la última reunión mantenida con el subdirector del Instituto de Patrimonio Cultural de España, Alfonso Muñoz, han recrudecido la necesidad de impulsar una labor de rehabilitación del recinto amurallado que contemple, además, su conservación ya que «en Zamora no ha habido planificación, sólo cuidados paliativos descoordinados entre sí», apunta el técnico, quien reconoce cierta decepción por la invalidez que se le ha otorgado a su concienzudo trabajo con el paso de los años.

Pese a su caducidad por el transcurso del tiempo, la esencia del trabajo sigue viva pero requiere varios ajustes, entre ellos, el futuro uso del Puente de Piedra -un estudio a punto de concluir también bajo el cirterio de Rodríguez Méndez-, la incorporación del nuevo Castillo al documento o la adhesión de los últimos estudios sobre el trazado de la muralla.

Pero la actualización del Plan Director no sólo requiere reajustes en su contenido sino también en la inversión, que en la actualidad sería muy superior a la prevista inicialmente. «La muralla está en mal estado, eso es un hecho, y la inyección económica para impulsar su restauración alcanzaría cifras mareantes en una situación de crisis como la actual». En este sentido, recalca la «necesidad» de intervenir «pero no para resolver un hecho puntual sino con criterios a medio o incluso largo plazo que evite la tentación de actuar por la fuerza de un derrumbe», insiste Rodríguez.

La propiedad de la muralla ya ha dejado de ser objeto de polémica una vez que el propio Ministerio admitiera su titularidad. Sin embargo, llegar a este punto no ha sido fácil. En 1868 la propiedad del recinto pasó del Ministerio de la Guerra al de Fomento. Dos años después, comienza un proceso de desamortización que duró hasta los años 30. Fruto de este proceso, buena parte de la muralla, sobre todo del segundo recinto, acabó siendo derribada. El Estado puso a su nombre la mayoría de los tramos en el registro de la propiedad de 1975 aunque con importantes excepciones: no figuraba ni la Puerta de doña Urraca, ni la muralla adyacente ni el tramo de la Ronda de Santa Ana. Sí registró, por el contrario, las murallas que discurren por Balborraz e incluso unos restos en el solar que ocupó hasta hace poco la antigua «Reglero».

En el momento actual, el proyecto más inminente es la actuación en el Carmen de San Isidoro a través de una inversión estatal de 317.693 euros comprometidos a finales de 2008. La actuación está expensas de la aprobación definitiva por la comisión de Patrimonio de la Junta de Castilla y León.