«La revisión del PGOU elaborada hasta el momento es válida porque ha pasado por los órganos adecuados y el Ayuntamiento lo ha hecho suyo, otra cosa es que la contratación se haya producido de manera inadecuada». Con estas palabras el vicesecretario de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Zamora (Aprinza) y secretario de la Cámara de la Propiedad Urbana, Salvador Prieto, defiende la efectividad de los trabajos realizados por el Instituto de Urbanística de Castilla y León hasta el momento de la anulación del convenio suscrito entre ambas instituciones en virtud de la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Las esperanzas de los promotores se depositan en que el equipo de Gobierno pueda cumplir su intención de aprobar el PGOU en mayo, cuando perderán vigencia las Normas Urbanísticas Transitorias (NUT) de la Junta de Castilla y León. En este sentido, «no tengo intención de pensar en otro escenario diferente que no sea aprobar el PGOU a corto plazo», indica Prieto, quien insta de nuevo a los cuatro grupos municipales a que «unan fuerzas en pro del beneficio general».

Un día después de que el PSOE diera a conocer la sentencia, las lecturas del fallo distan años luz entre sí. El equipo de Gobierno interpreta que el TSJ «ha estimado parcialmente el recurso presentado por el Ayuntamiento ya que admite la validez de la urgencia en el procedimiento y reconoce que la Ley de Contratos que estaba en vigor permitía la suscripción del convenio, además de no imponer costas a la institución municipal al haber sido estimados algunos motivos de la apelación». El edil responsable del área de Urbanismo, Feliciano Fernández, insiste en «la validez de todo el trabajo ejecutado hasta el momento» y a partir de ahora se limitarán a «licitar las tareas que restan hasta la aprobación del PGOU con la resolución de las alegaciones por parte de los técnicos municipales». Esto se traduce, a juicio de Feliciano Fernández, en «más trabajo» aunque con el mes de mayo como fecha para aprobar el Plan. Además, acusan al portavoz socialista, Carlos Hernández, de ser «el máximo culpable de lo que pasa en el Urbanismo de Zamora tanto como funcionario, ya que fueron sus informes los que permitieron la anulación del Plan de 2001, como político, ya que se limita a entorpecer», añade el edil Francisco Javier González.

Ante esta reacción de los populares, el líder socialista no oculta su «sorpresa» y alega que «no entiendo cómo son capaces incluso de hacer comentarios públicos ante una sentencia tan clara como ésta». Tal y como ya había anunciado, Carlos Hernández registró ayer en el Ayuntamiento la solicitud de todo el proceso de contratación con el Instituto de Urbanística de la Universidad de Valladolid, «una empresa amiga», así como las cantidades de dinero que se han pagado al equipo sin olvidarse de exigir la paralización de las facturas pendientes «porque el convenio es nulo y no hay nada que pagar». No obstante, anuncia que pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal la nueva sentencia.