El grupo municipal de IU advierte posibles reclamaciones de propietarios de suelos catalogados como rústicos en el PGOU de 1986 –en vigor tras el fallo del Supremo– por pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a precio de suelo urbano, en el caso de que así figuren en el recién anulado Plan de 2001. Esta situación supondría el abono de una cantidad por metro cuadrado «85 veces superior al rústico», advierte el portavoz de la coalición, Francisco Guarido, que propone «aprobar el padrón de 2009 manteniendo la misma estructura urbanística que en el ejercicio pasado». Guarido expone que la anulación del Plan de 2001 «tiene importantes consecuencias para el padrón», unas secuelas «que deberán evaluarse con informes técnicos, cosa que no ha sucedido ya que el expediente de aprobación del padrón en la pasada Junta de Gobierno sólo contempló un informe del jefe del servicio de Rentas que no entra a valorar la influencia en el padrón al no ser de su cometido».
