Martínez Maíllo, que aceptó la propuesta de las asociaciones de mujeres para elaborar un informe detallado sobre la incidencia de la violencia de género en los pueblos de la provincia, es partidario de potenciar la colaboración de las instituciones. «Todas las administraciones debemos de colaborar y ayudar, porque aquí no hay competencias, sino una lacra a erradicar». Por ello las políticas sociales, dijo, se han convertido en uno de los pilares de la gestión de la institución provincial, cuyos últimos presupuestos destinan a esta materia el 21% de la cuantía global, es decir más de 16 millones de euros que se invierten, fundamentalmente, en el ámbito rural. Durante el último año se han desarrollado en distintas localidades, y gracias a los Centros de Acción Social de la Diputación, en torno a 200 cursos de formación y talleres en los que han participado 6.000 mujeres de la provincia.
