«Ilegal, indecente, a dedo y con nocturnidad y alevosía». De este modo define el grupo municipal socialista el acuerdo rubricado entre el Ayuntamiento de Zamora y el Instituto de Urbanística de la Universidad de Valladolid para la redacción del documento de revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La situación ha llevado al PSOE local a acudir al Juzgado Contencioso Administrativo para solicitar la anulación del convenio aprobado en diciembre de 2007 «sin ni siquiera haberse incluido en el orden del día de la Junta de Gobierno Local», califica el portavoz de la agrupación, Carlos Hernández.

El concejal justifica su demanda en un supuesto incumplimiento de la Ley de Contratos, «que obliga a suscribir el acuerdo a través de concurso y no a dedo para favorecer a los amigos, lo que supone una cacicada que no vamos a permitir que se encubra bajo ningún concepto», apunta Hernández Figueruelo.

Ante esta situación dibujada por el grupo municipal socialista, su portavoz pedirá también la rescisión del convenio «por incumplimiento de plazos, ya que ha transcurrido más del doble del tiempo anunciado por el equipo de Gobierno presidido por Rosa Valdeón». Fue el propio portavoz municipal, Feliciano Fernández, quien pronosticó en los últimos días que la revisión del PGOU se llevará a Pleno para su aprobación el próximo septiembre. De ser así, habrá pasado casi medio año más con respecto a los anuncios municipales iniciales, orientados al transcurso de «dos o tres meses para la finalización de los trabajos a partir de la firma del convenio, suscrita en enero de este año», recuerda Carlos Hernández.

Además, el grupo socialista en la institución municipal denuncia incluso «la inexistencia de ningún informe en todo el expediente que justifique que el coste de los trabajos encargados es el que finalmente se va a abonar». La cuantía económica acordada asciende a 227.800 euros, casi 50 millones de las antiguas pesetas, mientras que «las anteriores colaboraciones con el Ayuntamiento con la misma finalidad habían costado 30.000 euros en el año 2004, significativa diferencia que nos anima a solicitar el traslado del tanto de culpa a la jurisdicción competente una vez dictada sentencia», figura en el escrito de demanda registrado por el portavoz socialistas, Carlos Hernández.

A esta relación de «ilegalidades», el concejal en la oposición añade una más: la pretensión municipal de «pagar dos veces algunos conceptos», caso del informe de resolución de las alegaciones que, según Hernández, «se ha presupuestado hasta en dos ocasiones», expone el edil del principal grupo de la oposición.

Una vez presentada la demanda el pasado martes en el Contencioso Administrativo, el PSOE local esperará la sentencia correspondiente que emitirá el juzgado para, a continuación, «solicitar la dimisión del concejal de Urbanismo y portavoz municipal en el Ayuntamiento de Zamora, Feliciano Fernández, porque esta ciudad no se lo merece», ataca.