La aprobación el pasado jueves del proyecto de Ley de Reproducción Humana asistida ha abierto un intenso debate entre las esferas políticas, éticas y sociales que han trascendido los límites nacionales, envolviendo también a las instituciones zamoranas en parte de esta controversia. La nueva ley elimina el número máximo de ovocitos (óvulos) para fecundar en cada ciclo reproductivo y permite la selección de embriones para curar a un hermano enfermo, aunque prohíbe de manera expresa la clonación reproductiva y las madres de alquiler.

Las primeras críticas han llovido del Partido Popular, que se ha manifestado en contra de los puntos más polémicos de este proyecto. La senadora del PP por Zamora, Elvira Velasco, alega que «los objetivos que ahora plantea la ley no se centran en la necesidad de las parejas con problemas de fertilidad, sino que pretende atender sólo a las demandas de las clínicas privadas, rebajando los límites de protección de la mujer y del embrión humano», matiza. Como contrapunto, la senadora no duda en afirmar que «con esta medida se va a perjudicar a las mujeres con menos recursos económicos al no poder acceder a las clínicas privadas». Y es que, para el PP, este proyecto «no responde a las necesidades reales de la sociedad, ni siquiera a un demanda científica», indica.

Más tajante aún en su rechazo a esta ley se muestra el obispo de la diócesis, quien ha secundado las palabras del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal. En este sentido, afirma que «esta ley no protege como es debido la vida humana y, en particular, la de quienes no pueden defender por sí mismos su derecho fundamental a vivir», apunta. López Llorente advierte, a la hora de valorar la llamada "clonación terapéutica", que «los adjetivos benévolos no deben conducir a engaño, ya que se trata en realidad de la producción de seres humanos clónicos a los que se les quitará la vida utilizándoles como material de ensayo científico para terapias futuras». Tampoco deja pasar inadvertidos «los intereses económicos y políticos existentes, que son los que no permiten un debate sereno sobre un tema tan trascendente». Puntualiza, eso sí, que «no se trata de prejuicios religiosos contra el avance de la ciencia, sino de una denuncia de un grave atentado contra el ser humano», concluye el prelado.

Unas posturas que distan mucho de la óptica de Partido Socialista, impulsor del proyecto y para el que la ley trata de facilitar al máximo que las parejas con problemas de fertilidad puedan tener hijos. Así, el senador del Psoe por la provincia de Zamora, José Fernández, califica esta aprobación como «un paso importante ya que mejora la calidad de vida». Acusa a la Iglesia -aunque también al Partido Popular- de «alarmar por alarmar» y augura que «dentro de unos años, como pasó con el divorcio, es probable que todos los que ahora son críticos con esta medida acaben adoptándola», plantea. Esta misma satisfacción la comparte el coordinador provincial de Izquierda Unida, Francisco Molina, que califica la noticia como «excelente». Para Molina, lo fundamental es «hacer un buen uso de los pasos que da la ciencia y no acabar dándole una utilidad perversa», previene.

Pero quienes bien saben de ello son las 46 mujeres que durante 2005 se sometieron a tratamientos de fertilidad en la Unidad de Reproducción Asistida de Valladolid. En esta clínica, el doctor Eloy Díez de Gregorio ofrece tratamientos de inseminación artificial, fertilización in vitro e inyecciones intracitoplasmáticas. Tres técnicas que tratan de solventar el obstáculo que se les presenta a muchas parejas cuando la reproducción natural es un imposible, «ya sea por causa femenina o masculina, ambas equilibradas en un 50%», explica Díez. Lo cierto es que, según el doctor, el 30% de las parejas que se someten a tratamiento consiguen su objetivo. Mientras, existen largas listas de espera que, en algunos casos, alcanzan el medio año. Para el doctor la ley «no es bollante porque aunque nos permite mayor libertad de actuación, no es la suficiente», asegura. Este especialista conoce de cerca que «la mediación reproductiva no es ningún lujo, porque para quien padece esterilidad éste es un problema de suma importancia», reflexiona.

En cualquier caso, lo cierto es que en este debate unos y otros aluden a la palabra "ética" para expresar sus pareceres. En este sentido, el catedrático de Teología Moral en la Universidad Pontificia de Salamanca, José Román Flecha, utiliza el adjetivo «poco respetuosa» para referirse a esta ley que «introduce, además, un nuevo supuesto de aborto al poder interrumpir el tratamiento cuando ya existe embrión». En definitiva, que «lo que parece que es una ley orientada a a ayudar a las parejas con problemas de esterilidad no tiene más finalidad está en la investigación», aprecia el catedrático.