El propietario de General de Cuadros Eléctricos (GCE), José Fernández Alonso, ha logrado “tiempo para negociar con la Agencia Tributaria de Madrid” el abono en plazos de la deuda de 1.129.225,61 de euros relativa al IVA y al Impuesto de Sociedades, cantidad eludida entre 2014 y 2015, según la acusación del Abogado del Estado que representa a Hacienda, y de la Fiscalía Provincial que le exigen 12 años de cárcel y una multa de 2.258.451 euros.
Los abogados del empresario procesado dispondrán de casi tres meses, puesto que el 15 de diciembre se ha fijado como fecha para celebrar el juicio suspendido ayer en el Juzgado de lo Penal. Para entonces, la propuesta deberá haber llegado a la Agencia Tributaria y haber obtenido el visto bueno de sus técnicos, de modo que el empresario pueda asumir ese importante desembolso, lo que supondría un reconocimiento del delito de defraudación por el que se le denunció en el año 2018.
Ese impás beneficia, igualmente, a la otra imputada por los mismos delitos, la administradora única de Microplus World Corporativa. La responde de esta sociedad, de iniciales de N.S.R., se enfrenta a 8 años de cárcel y la misma multa.
Ministerio Fiscal y Hacienda sostienen que esa sociedad, que habría creado el principal acusado, no era más que una “empresa instrumental” de GCE, una herramienta imprescindible para la comisión de las defraudaciones, según las acusaciones públicas que se refieren a ella como una “empresa instrumental” de GCE. El papel de esta sociedad sería simular ser un cliente más, realizar operaciones de compra y venta de artículos, operaciones que no se declaraban. En las diligencias se sostiene que en la contabilidad de GCE solo había albaranes de los pedidos, pero no las facturas de esas transacciones.
El acuerdo que podrían alcanzaron las partes, tras conseguir ayer la suspensión del juicio previsto para las 9.30 horas, no evitaría, no obstante, la condena a prisión de los dos procesados, ya que implicaría admitir la comisión de los ocho delitos de defraudación a la Agencia Tributaria por los que se les ha procesado.
Si ese diálogo con Hacienda prospera, la jueza zamorana tendrá que establecer el alcance de la pena de reclusión que solicitan la Fiscalía y el Abogado del Estado, a quienes deberán hacer llegar los términos de la propuesta de pago de la deuda. La magistrada estipuló un plazo razonable para facilitar ese acuerdo, ante las dificultades económicas que, al parecer, tiene la empresa creada el 5 de septiembre de 1996 en Villaralbo.
La caída de un gran grupo con más de una treintena de marcas
La crisis económica de 2012 ya golpeó a lo que fue un grupo empresarial fuerte en la provincia -con más de una treintena de marcas registradas-, que el uno de diciembre de 2015 afrontaba la ejecución de una hipoteca de 1.221.000 euros y acumuló deudas 2,5 con ejecuciones hipotecarias. La sociedad General de Cuadros Eléctricos afrontó otra ejecución de otro préstamo bancario de 1.318.718,78 euros y de 39.561,61 euros de intereses relativa a la propiedad de una finca de regadío de 5.070 metros cuadrados, situada en el término municipal de Zamora, en el paraje denominado “Los Montones” del canal de Villalazán y que linda con la carretera de Villaralbo.
