Tras cinco meses y medio de huelga y un calvario judicial, ni las sentencias firmes han conseguido que General de Cuadros Eléctricos (GCE) resarza a su plantilla, una treintena de personas, con el pago de más de 500.000 euros que les debe en finiquitos y atrasos, según afirman fuentes próximas a los afectados.

Después de más de un año sin ingresos por los impagos y la huelga que decidieron emprender para reclamar los salarios y la rescisión de contratos, los exempleados, gracias a las sentencias del Juzgado de lo Social que obligaba al empresario a despedirles, han empezado a percibir el paro en agosto -en el mejor de los casos-, en noviembre o diciembre de 2016; y otros han comenzado a recibir la prestación en este enero. Todavía resta por rescindir el contrato a una trabajadora, cuyo juicio se celebrará el 23 de enero con la misma finalidad: conseguir el despido, los atrasos y la indemnización.

Sin embargo, los exempleados que ya tienen el fallo judicial en la mano, el 80% de la plantilla de GCE, continúan sin ver ni un euro de las indemnizaciones y nóminas atrasadas (de entre cinco y seis meses) que los jueces han ordenado al empresario que abone. Ante la pasividad Fernández, que no ha acatado la orden judicial, los trabajadores están ejecutando las sentencias al objeto de que el Juzgado embargue bienes y cuentas bancarias que estén a su nombre para poder cobrarse la deuda. Por el momento, solo una de las empleadas ha conseguido cobrar por la vía de la ejecución.

El resto está esperando la intervención del Juzgado. Y solo han logrado el dinero los empleados -alrededor de una docena- con los que Fernández, tras perder el juicio, negoció una quita del 30% de la cuantía adeudada, "que en algún caso la está pagando a plazos", concretan las mismas fuentes, que subrayan como "algo curioso que no pague a sus trabajadores antiguos y tenga contratados a unas 15 personas nuevas". La pregunta es sencilla: "¿cómo puede estar pagando los salarios a esas personas y no los despedidos por orden judicial?".

El mantenimiento de la actividad empresarial, con una deuda tan amplia a sus espaldas, resulta también un incógnita si es que los impagos a la explantilla están relacionados con problemas de solvencia.

Las sucesivas sentencias han admitido que la empresa Microplus World Corporation, una firma del grupo constituido por General de Cuadros Eléctricos (GCE) y Material Eléctrico Chint y Microplus, que continúa funcionando se creó para "posibilitar que GCE eluda responsabilidades", tales como el pago de deudas tanto a la Agencia Tributaria como a la Seguridad Social, casi 6 millones de euros, y a los propios trabajadores (227.388 euros hasta mayor de 2016).

Las sentencias asumen, de este modo, la conclusión de la Inspección de Trabajo que incidía en que "la creación de sociedades puede tener como objetivo" sortear las responsabilidades con sus acreedores, "mediante la formalización de una empresa aparente". A esa sociedad, Microplus World Corporation, se acabaría derivando la actividad de GCE para producir y vender sin que se puedan ejecutar las órdenes de embargo dadas por la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, según Trabajo.