La Junta de Castilla y León ha autorizado a noventa y cuatro cotos de caza de la provincia el control poblacional de algunas especies cinegéticas. Ante esta respuesta, diferentes asociaciones se han manifestado a favor o en contra de las medidas impulsadas y su futura repercusión en la fauna de la región.
Juan Manuel Rodríguez, vicepresidente del Sindicato de Veterinarios de Zamora (Siveza), aclara que “la actuación de la Junta viene determinada por un análisis previo de la situación que indica que hay una sobrepoblación de algunas especies en determinados puntos geográficos de la provincia”. Este exceso poblacional “genera una serie de riesgos, tanto para los propios animales como para las personas”.
En primer lugar, “el control es un beneficio para la fauna, y uno de los motivos puede encontrarse en la escasez de agua. Es decir, si hay una superpoblación de varias especies en un determinado agua, con una pequeña charca de la que beber, las posibilidades de que se vuelva insalubre y genere infecciones aumentan enormemente, lo que causaría la muerte en masa de los propios animales”. Por otra parte, “hay una serie de enfermedades provenientes de esas infecciones que pueden transmitirse a los humanos, así como provocar accidentes de tráfico”.
El vicepresidente insiste en que “el control poblacional será dirigido, centrándose principalmente en herbívoros como los ciervos y los jabalíes, especialmente las hembras, con el objetivo de que no continúe aumentando la población.
En lo que se refiere a otras soluciones, “no ve factible que se establezcan otros puntos de alimentación, sino que eso habría que haberlo hecho antes, cuando se produjeron los incendios, y ahora no se lograría trasladar a los animales que ya se han asentado y encontrado otras fuentes de alimentación en terrenos de cultivos vecinos o zonas de pastoreo”.
El sindicato denuncia que solo hay tres profesionales especializados
El Sindicato de Veterinarios de Castilla y León ha manifestado al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, la creación de Unidades Veterinarias de la Fauna Silvestre ante la acuciante urgencia de mejorar la salud de los ecosistemas y la fauna silvestre. En el informe presentado se insta a crear, al menos, setenta y cuatro plazas exclusivas del Cuerpo Facultativo Superior (veterinarios) para elaborar y ejecutar programas de prevención, control, lucha y erradicación de enfermedades.
La labor y experiencia de la Asociación de Veterinarios debería ser fundamental en la ruta a seguir para el tratamiento de la fauna silvestre tras los incendios que han tenido lugar en la provincia
Desde el Sindicato de Zamora subrayan que “únicamente cuentan con tres veterinarios especializados en medioambiente, y uno de ellos se encuentra actualmente en administración, por lo que el número es insuficiente”. Además, señalan que “su labor y experiencia debería ser fundamental en la ruta a seguir para el tratamiento de la fauna silvestre tras los incendios que han tenido lugar en la provincia”. Matizan que es necesario que se cuente con profesionales con competencias en el medio natural y fauna, pesca fluvial y lacustre, caza, evaluación, prevención ambiental y cambio climático, educación e información medioambiental y residuos y suelos contaminados. Así como la creación de los servicios veterinarios oficiales de medio ambiente con servicios centrales y territoriales destinados al servicio de epidemiovigilancia veterinaria y sanidad de la fauna silvestre, que se complementen con unidades veterinarias de fauna silvestre.
SEO Birdlife apuesta por la implantación de puestos de alimentación suplementarios
La Asociación SEO BirdLife se manifiesta categóricamente en contra de la respuesta de la Junta de Castilla y León, asegurando que “la fauna a la que hace referencia procede de las zonas arrasadas por los incendios y, aunque no esté en contra de Ley si no afecta a cotos con terreno quemado, sí entra en controversia por la procedencia de los animales”, motivo por el que “se trata de seres indefensos que se encuentran al final del periodo de reproducción, lo que les ha hecho aún más vulnerables y ha generado un mayor impacto medioambiental”. Afirman que “no es ecológicamente aceptable o asumible continuar incrementando la mortalidad de la fauna silvestre”.
Además, Ana Carricondo, coordinadora del Área de Conservación, sostiene que “en la institución no tienen conocimiento alguno de que se haya realizado un estudio que avale la resolución tomada por la Junta”, afirmando que “por lo que parece”, la autorización a los cotos de caza “viene regida únicamente por los casos en los que agricultores han indicado que fauna silvestre se ha alimentado en sus cultivos, lo que no sería suficiente, para tomar la decisión”. Por este motivo, creen que “la forma de atajar el problema no es masacrando a una población que ya ha sido arrasada, sino instaurar otras soluciones como la colocación de puestos de alimentación suplementarios dentro de los cotos, para evitar que se trasladen a otras zonas buscando alimento”.
Por otra parte, señalan que “no hay un informe técnico de valoración de daños, algo necesario para esa autorización y para la posterior dotación económica de los propietarios”. Acreditan también que “precisamente, tras la declaración de zona catastrófica, y su posterior extensión, en los puntos afectados por los incendios, los propietarios de los terrenos dañados podrán solicitar una compensación económica derivada de esta excepcional circunstancia”. Por otra parte, señalan que “el comunicado enviado por la Junta está falto de información, pues no indica la forma en la que se realizará el control poblacional, los animales a los que afectará, la cuantificación de los daños o si se realizará un posterior estudio y análisis que marque la siguiente línea de actuación”.
