Más de un millar de zamoranos ha sufrido las consecuencias del “cártel de coches”, el acuerdo ilegal entre 27 fabricantes de vehículos, la gran mayoría de los que operan en España, para fijar un precio de venta de automóviles de similares características nuevos, de kilómetro cero y de segunda mano.
Un pacto por el que se retiraba el margen de negociación con el comprador del coste final del vehículo y que suponía en los de gama media -con un coste de entre 15.000 y 20.000 euros- un perjuicio económico para el usuario en torno a los 2.000 euros; y de más de 4.000 euros en los de alta.
Sanciones de la CNMC
Precisamente, este 20 de abril termina el plazo para que los usuarios que adquirieron en esas condiciones sus coches de marca Peugeot y Citroën reclamen. Estos fabricantes participaron también en ese “cartel”, pero, finalmente, optaron por denunciar la ilegalidad ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que sancionó a las 25 firmas restantes implicadas.
El acuerdo incluía el intercambio de información de los talleres para conocer precios de reparaciones y en piezas de recambio, agrega el abogado zamorano. Las marcas prolongaron el pacto desde febrero de 2006 hasta agosto de 2013 para intercambiar información que les permitía mantener el mismo precio para turismos similares e introducía la premisa de que “no eran negociables con el consumidor, como suele ser lo habitual”, explica el asesor jurídico zamorano, Alfonso Martín Carretero.
Solo su despacho tramita ya más de una treintena de reclamaciones a los fabricantes, una acción previa a emprender la vía judicial si la marca no admite ese perjuicio y resarce al cliente. En términos de porcentaje, el comprador pagaba entre un 10% y un 15% más por el coche al ver limitada a cero su capacidad negociadora por esas prácticas que la CNMC concluyó que eran ilegales y sancionó.
Tribunal Supremo ratifica la ilegalidad
El Tribunal Supremo ratificó esa ilegalidad, tras los recursos interpuestos por las marcas para tratar de eludir las mutas de la Comisión, explica Martín Carretero. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Zamora, que asume las competencias de Mercantil, será el que tenga que resolver los demandas de los consumidores si los fabricantes no atienden sus reclamaciones.
El usuario que decida denunciar a la marca de su automóvil deberá contratar un perito que establezca con exactitud las pérdidas que le ocasionó el “cartel de coches”, por lo que “conviene calcular si compensa la reclamación judicial”. Y es que, además del abogado y el procurador, la denuncia requiere la contratación de un perito. “Hay que ser muy prudentes”, indica el letrado, “porque en España no existe un criterio jurídico cerrado todavía”, no hay tantas sentencias firmes como para marcar jurisprudencia.
Las marcas implicadas son las siguientes: Alfa Romeo, Audi, BMW, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hyundai Jeep, Kia, Lancia, Lexus, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Reanaul, Seat, Skoda, Toyota, Volkswagen y Volvo.
