El obispo de Zamora, Fernando Valera Sánchez, ha nombrado a David Martín Casero interventor económico, patrimonial y de recursos humanos de la diócesis de Zamora. Martín Casero tendrá plenas facultades para “solicitar información, documentación y para tomar todas las decisiones necesarias para el desempeño de sus funciones, a tenor del Código de Derecho Canónico vigente”, según explica la institución en su página web.

La función de Martín Casero será la de auditar la economía, revisar la política laboral de los trabajadores contratados y poner en valor el patrimonio diocesano que permita a la diócesis desarrollar su labor. El miembro del Equipo Económico de la Conferencia Episcopal Española contribuirá, desde su experiencia profesional, “a diseñar un plan de viabilidad que permita a la Iglesia de Zamora afrontar el futuro de manera sostenible, coherente con el Evangelio y siempre en clave de absoluta transparencia y buen gobierno”.

La preocupación y el trabajo en clave de transparencia supone un objetivo prioritario que el obispo diocesano se ha fijado. Una de las primeras medidas adoptadas por Valera al hacerse cargo de la diócesis correspondió a la puesta en marcha de una delegación de transparencia. Este proyecto diocesano “es una obligación asumida como Iglesia en salida que quiere dar a conocer su verdadero rostro, mostrar su forma de organización interna, su estructura administrativa y de gobierno, así como optimizar su modo de financiación y de gasto”, indican fuentes diocesanas.

Recientemente la Diócesis de Zamora ha logrado el puesto 10 en un informe, elaborado por la Fundación HAZ, que examina la transparencia y el buen gobierno en las 69 diócesis y archidiócesis territoriales españolas y que tiene en cuenta 19 indicadores organizados en seis grandes áreas: información histórica y administrativa sobre la diócesis, estructuras de dirección y gobierno, principales políticas económicas y de gestión de riesgos, el plan diocesano, información económica y resultados de la actividad.

La diócesis de Zamora ha pasado de ser considerada “opaca” y ocupar la penúltima posición del ranking en el ejercicio de 2019, a situarse en la mitad de la tabla y alcanzar la calificación de “translúcida”, el nivel inmediatamente anterior a la transparencia.