La Diputación Provincial de Zamora quiere mantener un diálogo directo con el Gobierno de España para que la provincia sea incluida como “zona c no predeterminada” en el mapa de las ayudas estatales de finalidad regional que entrará en vigor en enero de 2022. A tal efecto, Francisco José Requejo ha solicitado una reunión con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para estudiar el posicionamiento existente en el marco de la aplicación y puesta en marcha de este nuevo marco de financiación. Lo que se busca no es otra cosa que lo justo, como así apuntan desde la Encarnación. Y es que Zamora cumple perfectamente con todos los criterios necesarios para conseguir esa fiscalidad diferenciada que pueda potenciar la llegada de empresas y generar así riqueza mediante la creación de puestos de trabajo.
El presidente de la institución, Francisco José Requejo ha reiterado que la provincia “cumple las características” para obtener esa designación que permita obtener un trato de discriminación positiva. “Entre otras cosas, fuimos la única provincia de toda España que perdió más de un 10% de población en la última década”, ha detallado. Al respecto, el máximo dirigente de la Corporación Provincial ha apuntado que el descenso poblacional se ha situado “muy por encima” de provincias como Cuenca, Soria o Teruel, “a lo que habría que sumar el hecho de contar con los indicadores de envejecimiento más altos de este país”.
Poniendo todas estas cuestiones en la balanza, la Diputación Provincial de Zamora ha decidido pasar al ataque para “que se reconozca el estatus real de Zamora” en materia de despoblación. Y sería ahí donde entraría el objetivo de que se reconozca al territorio como “zona c no predeterminada” en el nuevo mapa de ayudas estatales de finalidad regional, así como el de conseguir esa deseada fiscalidad diferenciada.
De manera paralela, la Diputación de Zamora celebrará el próximo martes día 13 de julio una mesa de trabajo con los agentes sociales y económicos de la provincia para establecer estrategias de reivindicación de cara a la integración de Zamora en ese mapa de ayudas europeas contra la despoblación, así como todas aquellas medidas que posicionen a Zamora dentro del actual marco financiero comunitario. Una mesa que se plantea como una acción que busca “dar continuidad” a la Jornada de Fondos Europeos y Despoblación que se celebró el pasado mes de mayo.
Cuestión de números
Las directrices de la Comisión Europea sobre las ayudas estatales de finalidad regional brindan a cada estado miembro la posibilidad de incluir regiones especialmente afectadas por la despoblación para que se beneficien de una fiscalidad diferenciada de cara a las empresas. Un marco de financiación en el que han entrado por la puerta principal territorios como Teruel, Soria o Cuenca, que cumplen con la norma de estar por debajo de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, pero en la que Zamora se ha quedado fuera una vez más. Y es que, a pesar de la crisis demográfica a la que se enfrenta esta provincia, con los peores pronósticos de toda España a largo plazo, la concentración de personas en tres núcleos concretos, como son la capital, Benavente y Toro es lo que actualmente sigue penalizando.
Y es que, de los 248 municipios de la provincia, solo 62 tienen una densidad de población mayor de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que se traduce en que tres de cada cuatro pueblos están en riesgo de despoblación. El problema, no obstante, viene al tomar la parte por el todo. El conjunto provincial cuenta con 170.588 habitantes en un territorio de 10.561 kilómetros cuadrados, lo que arroja una densidad de 16,1 habitantes por kilómetro cuadrado. La capital, Benavente y Toro son los núcleos que rompen la estadística y que, hasta la fecha, han impedido al resto de la provincia acceder a la consideración de zona despoblada de acuerdo a los parámetros de la Unión Europea.
Frente a esto, la Diputación Provincial se aferra al parámetro de la pérdida de población, donde Zamora sí cumple sin ningún tipo de atajo. En el marco 2007-2017 al que se refiere el nuevo reglamento Feder, la provincia pasó de 197.237 habitantes a tan solo 177.404, con una pérdida de casi 20.000 personas, que se traduce en un 10,1%.
