La pareja que pagó 8.000 euros para casar a su hijo con una menor acaba de ser condenada a dos año de prisión por la Audiencia de Zamora en una sentencia de conformidad que ha evitado celebrar el juicio, como ya ocurriera con la hermana y el cuñado de la adolescente de 17 años, residentes en Morales de Toro, ya condenados a con la misma pena tras admitir los hechos el 27 de mayo, minutos antes del juicio. El matrimonio, de iniciales A.A. y C.A., no tendrá que ingresar en la cárcel al carecer de antecedentes penales, como tampoco tuvieron que hacerlo los otros dos imputados, una vez que la Audiencia considera probado que los adultos han actuado por desconocimiento de la legalidad española que prohíbe expresamente este tipo de casamientos que obedecen a costumbres entre los gitanos rumanos, como es el caso.

Este matrimonio fue el primero de los concertados por la hermana de las dos menores y su marido, bajo cuya tutela estaban estas, un trato que se cerró en el verano de 2018 cuando la víctima tenía 17 años, que fue entregada a la familia de otro menor, el hijo de C.A. y A.A., paraja a la que se acusaba de coacciones para forzar un matrimonio. El supuesto acuerdo implicaba el pago de 8.000 euros a cambio del matrimonio convenido que incluía la residencia habitual de la adolescente en casa de quien pasaba a ser su marido, en la localidad de Morales de Toro, de acuerdo con las costumbres que siguen estos ciudadanos de Rumanía, de etnia gitana. La adolescente se quedó embarazada al poco tiempo, aunque dio a luz, si bien dio a luz cuando ya había ocurrido la intervención policial y su tutela estaba en manos de la Junta de Castilla y León, como medida cautelar impuesta por el juez de Toro que investigó la causa.

La otra menor, de 16 años, fue casada hacia el mes de noviembre y entregada a otra familia por la hermana de la menor y su marido previo pago de otros 8.000 euros por parte de los padres del varón. La adolescente fue a vivir en la localidad vallisoletana de Pozaldez (Valladolid) con su marido y la familia de este, según consta en las diligencias judiciales. La menor dio a luz también cuando ya estaba bajo la custodia de la Junta. Las intervenciones telefónicas fueron decisivas para poder descubrir la posible trama y detener a los acusados el 28 de enero de 2018. El cuñado de las dos víctimas, condenado ya a dos años de prisión por el delito de trata de seres humanos, estuvo en prisión provisional por abusos sexuales a una de las menores, acusación que ejerció la Fiscalía tras conocer el contenido de las conversaciones telefónicas.