La juez ha ordenado el embargo de bienes de Alberto Vega Vicente, el jefe de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Zamora, por un importe de 65.000 euros, la misma cantidad que le impuesto como fianza para asegurar que, de ser condenado, la institución local podrá ver repuestas las cantidades que pudiera haber defraudado el funcionario con su gestión irregular. La responsable de la investigación ordena que, paralelamente, se averigüe qué propiedades tiene a su nombre, que se recopile la información sobre todo su patrimonio, según ha podido saber La Opinión-El Correo de Zamora.
Cabe destacar que en el registro efectuado el 3 de marzo en el domicilio del investigado, la Policía Judicial se incautó de, al menos, un vehículo de alta gama cuyo valor en el mercado superaría los 40.000 euros. Además, Alberto Vega Vicente dispone de un chalé adosado en la urbanización siglo XXI, su domicilio actual donde tuvo lugar el registro policial. Al parecer, el inmueble estaría actualmente hipotecado, lo que no impide embargarlo mediante una anotación en el Registro de la Propiedad.
Pago de la empresaria
La juez ha dictado otro auto de embargo de bienes de la empresaria gallega investigada por daño a la Administración, de iniciales G.N.S., aunque es posible que haya hacho algún depósito que no alcanzaría los 6.000 euros de fianza exigidos para garantizar que se resarza al Ayuntamiento, al que habría perjudicado con los supuestos contratos fraudulentos convenidos con Vega. La acusada de un delito de perjuicio a la Administración pública admitió haber recibido 15 adjudicaciones directas del jefe de Parques y Jardines de proyectos de entre 2.000 y 5.000 euros.
Ante la falta de respuesta del jefe de Jardines al requerimiento de la fianza, desde el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 se le acaba de comunicar el embargo y de instar a que ofrezca una relación de las propiedades de que dispone valoradas en la cuantía necesaria para hacer frente a la fianza fijada el 5 de marzo.
El Juzgado cuenta, para rastrear el patrimonio de Alberto Vega, con una red de servicios con accesos directos a aplicaciones y bases de datos de organismos de la Administración General del Estado y de otras instituciones para facilitar esa tarea y reducir los tiempos de tramitación, en este caso del embargo y de la investigación judicial. La juez dejó el 5 de marzo en libertad con cargos a Vega Vicente después de que este rehusara prestar declaración en sede judicial, como ya había hecho en la Comisaría de Zamora dos días antes. La juez le retiró el pasaporte y le impuso la obligación de acudir los días uno y quince de cada mes a ese órgano judicial para firmar, medidas cautelares de control para impedir su fuga. El investigado solo manifestó ante la juez su intención de permanecer a disposición de la justicia.
El que siempre haya comparecido ante la policía y ante el Juzgado cuando se le ha llamado influyó en la decisión de la juez de no ordenar su ingreso en prisión preventiva. La denominada operación Rampa que da origen a la detención de Vega Vicente y la empresaria gallega, dirigida desde la UDEV de la Comisaría de Zamora con la UDEF de Madrid, deriva del expediente disciplinario abierto por la institución local al detectar posible malversación.
