Blanqueo de capitales y cohecho son los dos nuevos delitos a los que se enfrenta el jefe de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Zamora, Alberto Vega Vicente, a quien la Policía Nacional acusa de haber aumentado su patrimonio en importantes cantidades de dinero, que podrían superar los 80.000 euros. El informe en manos de la juez instructora apunta que esa cantidad “podría multiplicarse exponencialmente”, tanto por el aumento de los bienes del funcionario como de las empresas con las que pudo haber contratado obras y servicios, según la información facilitada ayer por la Subdelegación del Gobierno central en Zamora. Ese posible aumento de capital vendría a demostrarse, en parte, por la adquisición de coches de alta gama, intervenidos por orden judicial, según la información oficial.
La policía concluye que la supuesta trama empresarial ubicada en Galicia, con varias sociedades administradas por la otra acusada, conocida empresaria de A Coruña y supuesta cómplice del funcionario, de iniciales G.N.S., habría procurado importantes ingresos a esas firmas con la adjudicación de contratos municipales de forma supuestamente irregular. En concreto, se trata de Iocus Tecnology, dedicada a juegos infantiles, Romina&Ekaitx, y una tercera cuyo nombre no ha trascendido. La empresaria habría reconocido ayer ante la juez esas adjudicaciones y que habría recibido pequeñas cantidades para su uso personal, según fuentes consultadas por este diario.
De hecho, las pesquisas indican que la empresaria gallega logró la adjudicación de “múltiples contratos para la realización de obras y la entrega de suministros que, presuntamente, no se han llevado a cabo, en algunos casos”, aunque fueron remunerados, según la información difundida por la Comisaría de Zamora.
Obras sin personal
La policía estima que otros trabajos adjudicados por Vega Vicente a las empresas de la otra investigada “se han llevado a cabo sin contratar el personal previsto o con materiales ya adquiridos en otros contratos” que habría formalizado el servicio municipal de Parques y Jardines.
Los agentes de los grupos especializados de la UDEV de Zamora y de la UDEF de Madrid indican textualmente que ese incremento patrimonial por irregularidades en la contratación en el área que dirigía el empleado público se habría reflejado no solo en las empresas investigadas, sino también en los bienes de la emprendedora gallega. En ese sentido, apuntan que la investigada, al igual que el empleado del Ayuntamiento de la capital, habría comprado vehículos de alta gama en los últimos años. Estas propiedades también han sido incautadas durante la operación policial desarrollada desde la Comisaría de Zamora, tras la intervención de la Fiscalía y del Juzgado por denuncias derivadas del Consistorio.
La operación se ha desarrollado de forma conjunta por el grupo I de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Brigada de Policía Judicial de Zamora y por el grupo 16 de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción (UDEF) de la Comisaría General de Policía Judicial, con apoyo logístico de la Unidad Especial de Guías Caninos de la Jefatura Superior de Castilla y León. Agentes de ambas unidades se personaron a primera hora del miércoles en el domicilio del jefe de Jardines, en la urbanización siglo XXI, para detenerle y registrar su chalé con perros que rastrean dinero, y con ayuda de los bomberos de la capital para buscar posibles dobles fondos en las paredes.
Posibles entregas de dádivas o retribuciones de las empresas adjudicatarias
La juez que investiga los delitos de corrupción imputados al jefe de Parques y Jardines tendrá que determinar si las empresas con las que contrataba obras o servicios le llegaron a hacer regalos o a entregar cantidades de dinero para obtener esos contratos. A tales beneficios se remitiría la información facilitada desde la Comisaría de Zamora en la que se apunta que “las empresas adjudicatarias habrían hecho entrega de dádivas o retribuciones de alto coste para su utilización con fines particulares, todo ello en el ámbito de las relaciones estrictamente contractuales con la corporación municipal”.
La investigación emprendida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Zamora “se extiende a diferentes sociedades adjudicatarias de contratos municipales”, de las que solo han trascendido, por el momento, los nombres de las ubicadas en A Coruña, de la que es propietaria una conocida empresaria gallega, también acusada de “participación en el delito de fraude a la Administración”, en concreto, “en la modalidad de contratación pública”. La Policía Nacional estaría tras la pista de otras sociedades con las que el empleado municipal ha trabajado durante su gestión al frente del servicio municipal, de acuerdo con las fuentes consultadas por Opinión-El Correo de Zamora. El funcionario municipal está siendo investigado también por los delitos de malversación, fraude a la administración, falsificación de documentos, blanqueo de capitales y cohecho, infracciones penales que podrían sentarle en le banquillo de los acusados.
La Fiscalía exige una fianza acorde con la cantidad que se demuestre que logró defraudar
El comportamiento que ha tenido hasta ahora el jefe de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Zamora, Alberto Vega, investigado por delitos de corrupción, entre ellos blanqueo de dinero, malversación de caudales públicos e irregularidades en la contratación de inversiones en su área, tuvo un importante peso en la decisión de la Fiscalía Provincial para no solicitar la prisión preventiva del funcionario. No obstante, la acusación pública se sumó a la petición de una fianza lo suficientemente elevada como para hacer frente a las cantidades económicas que pudieran demostrarse que consiguió desde su puesto de trabajo en la institución local, si finalmente se condena al empleado público. Una cantidad que la instrucción policial estimaría en más de 80.000 euros, según los datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno.
El Ministerio Público descarta el riesgo de fuga, puesto que el empleado está personado en la causa judicial abierta desde hace casi un año en el Juzgado número 5 de Zamora sin dar muestras de eludir la justicis. La denuncia de la viceinterventora del Ayuntamiento por quebranto a la hacienda pública por la compra de gasolina con fondos municipales para uso particular se interpuso a octubre de 2019; y la Fiscalía remitió en otoño pasado a ese mismo órgano judicial la denuncia del Consistorio por malversación de caudales públicos, falsedad documental e irregularidades en contrataciones, entre otros delitos. La acusación pública ha tenido en consideración que el acusado ha comparecido cuando se le ha requerido por parte de la Justicia durante la primera fase de la instrucción de la causa que tiene su origen en el expediente informativo municipal abierto en noviembre de 2019. La fuentes consultadas han indicado que la Fiscalía considera que no existen motivos para pensar que Vega Vicente pueda fugarse ni destruir pruebas, según las fuentes consultadas por La Opinión-El Correo de Zamora. El Ministerio Público exige la comparecencia del acusado cada quince días en el Juzgado para que exista un control sobre el funcionario, que carece de antecedentes penales y policiales.
