El resultado, positivo o no, de la prueba PCR o la prueba de antígenos efectuada al cadáver establece el protocolo a seguir para el desarrollo de la autopsia que determinará la causa exacta de la muerte de un fallecido. El “bicho” ha impuesto sus propias normas y ha transformado sustancialmente el método de trabajo dentro de la sala de autopsias del Instituto de Medicina Legal de Zamora. Sin dejar de cumplir con su trabajo, la prioridad es “evitar riesgos”, apunta el subdirector, Antonio González González, de modo que la manipulación del cadáver se ajusta a los mínimos necesarios para conocer la causa del óbito ante el “gran riesgo de contagio” que conlleva el manejo del cuerpo de un enfermo de COVID.
Además de iniciar la exploración de los fallecidos “forrados de arriba abajo, como buzos”, con los epi, gafas ajustadas, calzado especialmente cerrado o guantes de caucho, ropas que blindan a los forenses y a los auxiliares ante cualquier salpicadura que pueda producirse, el trabajo se desarrolla reduciendo esa manipulación del cuerpo en la medida de lo posible. De modo que, “los órganos vitales no se exprimen, evitamos ese tipo de maniobras por el riesgo de producir aerosoles, que son muy contaminantes”, explica el responsable del Instituto. Esa práctica era habitual antes del coronavirus.
“No sabemos cuánto tiempo aguanta activo el COVID en una célula muerta, de ahí el peligro”
El COVID ha puesto fin por el momento, y sin fecha en el horizonte, a aquellas largas autopsias en las que el forense permanecía horas analizando al detalle el estado de cada órgano del fallecido para elaborar un exhaustivo examen. Este, a veces, iba más allá de lo necesario para establecer la causa de la muerte y acotar la patología que originó el óbito, llevado el médico por el interés científico que le permitía comprobar y documentar los efectos y signos de enfermedades que padecía el finado.
Desde marzo, “no alargamos más de lo necesario el tiempo de autopsia, una vez confirmada la causa de la muerte se acaba la intervención”. El estudio científico que solo puede realizarse durante la autopsia queda reducido al máximo, salvo que sea imprescindible indagar más para descartar un asesinato o la existencia de violencia en la causa de la muerte. Una medida más de seguridad ante el peligro de contagio.
González González incide en que “no se sabe cuánto tiempo está activo” el COVID; y en que “no todas las células desaparecen al mismo tiempo” cuando se produce la muerte. El coronavirus, “como todo parásito, necesita de células para sobrevivir pero no sabemos por cuánto tiempo puede hacerlo aunque se pudra el cadáver. No sabemos cuanto aguanta activo en una célula muerta”.
Los forenses “cumplimos lo que la Ley establece para que los fines médico-legales quedan cubiertos”, es decir, los relativos a la causa de la muerte. Los fines científicos se llevan a cabo solo “si tienen repercusión médico legal”, abunda el forense, lo que significa que solo se cumplen si es preciso “descartar un crimen, que ha existido violencia”, es decir, cuando es necesario determinar la causa de la muerte de la víctima.
En estos supuestos, en los que deberán tomarse muestras de algunos órganos, entran los casos de fallecidos durante una pelea, cuando el forense debe descubrir cómo se ha desarrollado la misma, desde qué ángulo ha recibido el golpe, la puñalada o el tiro la víctima; determinar la trayectoria de la herida; o con qué tipo de arma se causaron las lesiones, entre otros aspectos, que abarcan hasta la complexión del agresor o la distancia a la que se encontraba de la víctima. El informe forense es esencial en este tipo de muertes violentas.
Si existe una certeza absoluta de que la causa de la muerte es un infarto o una enfermedad diagnosticada o una muerte natural, el forense confirma esa causa y da por terminada la autopsia. Cuando se sospecha que el óbito puede haber sobrevenido por una sobredosis de alguna sustancia o medicamentos, la autopsia también requiere la toma de muestras de determinados órganos, lo que se hará con sumo cuidado para sortear la propagación del virus. En definitiva, “se evita toda aquella maniobra que pueda contaminar” a los médicos y personal que interviene en la necropsia, los auxiliares, antes denominados mozos de autopsia.
El objetivo es impedir que se produzca cualquier escape de aerosol en los que “viaja” el virus, es decir, que salgan pequeñas gotitas o salpicaduras que puedan contener el COVID al seccionar o presionar el órgano.
El Instituto de Zamora comienza ahora a usar las pruebas de antígenos, que son más rápidas a la hora de conocer la presencia del virus, “aunque no existe la seguridad al cien por cien ni con la PCR. Ambas sirven, pero no eximen de riesgos de contagios” cuando se trabaja con el cadáver. De modo que, “hay que seguir tomando precauciones porque puede ser que el número de virus presente sea bajo y podamos contagiarnos”. Los cinco forenses que trabajan en la provincia y el personal auxiliar y administrativo del Instituto han sorteado contagios de COVID, gracias a las medidas de seguridad extremas.
