Detenido un taxista por vender Viagra a los clientes de dos burdeles de Cartagena

La Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif) de la Policía Nacional tomaba dos locales de alterne, ambos ubicados en el Campo de Cartagena, donde, presuntamente, se esclavizaba sexualmente a mujeres extranjeras en situación irregular en España, indican fuentes cercanas al caso. 

El Juzgado de Instrucción Nº 2 de Cartagena se ocupa del caso. Se investigan delitos de explotación sexual, tráfico de drogas y organización criminal. 

A raíz de la denuncia de una mujer (que actualmente figura como testigo protegida), los investigadores comenzaron las pesquisas para tratar de esclarecer qué pasaba en los establecimientos, ambos emplazados en una población rural de Cartagena. 

A los sospechosos se les imputan delitos de explotación sexual, tráfico de drogas y organización criminal

La testigo protegida habló de que la explotación sexual y laboral se estaría produciendo en uno de los prostíbulos. Cuando los policías solicitaron a la autoridad judicial el poder realizar escuchas, y se les fue concedido, detectaron un vínculo con otro establecimiento de la zona. La conexión estaba en un taxista que llevó a una de las chicas de un burdel a otro. Fue entonces cuando los investigadores pusieron el foco en ambos prostíbulos, que son de diferentes propietarios, precisan las mismas fuentes.

Entrada y registro

Orden judicial en mano, era un viernes cuando se producía la explotación de la operación. La Policía entraba en ambos locales y procedía al arresto de una decena de personas, entre trabajadores, encargados y dueños de los clubes. Entre los detenidos figuraba el citado taxista, el cual, presuntamente, trabajaba como chófer para trasladar a las trabajadoras a donde precisasen y que también, supuestamente, vendía Viagra a los clientes. Se trata de un medicamento que se usa para tratar la disfunción eréctil en los hombres.

De la decena de sospechosos, cinco ingresaron en prisión (entre ellos, el taxista), aunque ya están todos en libertad, tras abonar fianzas, de 2.500 la menor y 30.000 la más abultada.

Fuentes policiales admitieron que, a la hora de enjuiciar estos posibles delitos, más de una vez se ha presentado una dificultad añadida: las mujeres víctimas de los abusos que se investigan en ocasiones no se presentan al juicio, ni como acusación ni como testigos.