El desempeño de cualquier actividad sea pública o privada, personal o para los demás, implica, entre otros muchos requisitos que los que tengan que desempeñarlas tengan un mínimo “de lo que hay que tener”; “o séase” que diría un “compi” del “cole”, madurez, sentido de la responsabilidad, un “mínimum” de conocimientos del “oficio”, “estar al día en los saberes profesionales, cierto nivel de educación, colaborar adecuadamente en el trabajo en equipo, respetar a las personas, y un larguísimo etcétera.

Viene todo ello “a cuento” porque con independencia de BOEs y BOCYLes, un profesional, un padre, un sindicalista, etc., es decir, todos, tardísimos, habrán de procurar superarse día a día, en el desempeño de sus respectivas obligaciones, para que contribuyan, con eficacia y eficiencia, a resolver las demandas de sus destinatarios, “que pa eso cobran” y algunos, añado, “mu requetebién”.

Y no digamos en estos “tiempos de griterío”, donde los Diarios Oficiales no paran de “soltar” normativa a tener en cuenta, fundamentalmente, por los políticos y directivos de los ayuntamientos y las diputaciones provinciales, al objeto de conocerla y aplicarla en la gestión de los fondos europeos que van a recibir para financiar los planes municipales y provinciales de obras y servicios que tendrán que elaborar, aprobar, contratar y ejecutar, en plazos estrictamente fijados, y de cuya observancia depende la posterior recepción de más financiación europea, amén de que siempre, siempre, siempre, la diligencia en el proceder debiera ser norte y guía de las entidades locales municipales y provinciales.

Las distintas normas conceden 90 días a las entidades gestoras para aprobar planes antifraude.

Y es que manda “bemoles” que con los debidos controles internos, de las comprobaciones “in situ”, de los fondos municipales y provinciales ya existentes por imperativo legal, lo que demanda el recto proceder de los cargos electos delegados y de los empleados públicos con habilitación nacional, con la jurisprudencia sobre el particular, con los informes del Tribunal de Cuentas, con la doctrina publicada, con lo escrito en las revistas profesionales como “El Consultor de los Ayuntamientos”, en la “Gaceta de Madrid”, para que los nominalmente responsables políticos y funcionariales hagan las cosas bien, cumplan con sus obligaciones con un mínimo de decoro y dignidad, ”que pa eso cobran, y requetebién”, dicho sea de paso.

Y “abróchense los cinturones”, “apriétense bien los machos”, etc., con la avalancha de financiación europea de que van a disponer Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales, especialmente los Servicios de Contratación, los Técnicos de Asesoramiento Técnico a los Municipios, a los que por cierto les han dado “un tirón de orejas” a los de algunas Diputaciones Provincialas castellano-leonesas, el titular del Consejo de Cuentas de Castilla y León, por ser manifiestamente insuficiente la ayuda, la cooperación, la asistencia jurídica, técnica y económica a los pequeños municipios. Supongo que las respectivas Presidencias corporativas, corporativos delegados políticos, funcionarios directivos de recursos humanos, sindicatos, etc. estarán estudiando las posibilidades y potencialidades del actual organigrama y, en su caso, modificación, eso sí sin acepción de personas, si no quieren mayor desprestigio y que haya paz dentro y fuera de la “institución”, y no hacer, una vez más, el ridículo jeremiaco ante el resto de Europa. “Que nos cojan confesados. He dicho”.

Sancho de Moncada