Myanmar en peligro

El pasado 1 de febrero, el Ejército (Tatmadaw) dio un golpe de Estado e instauró una Junta Militar como régimen de gobierno en la antigua Birmania. Se acusó a la presidenta depuesta, Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz, de haber aceptado sobornos por valor de medio millón de dólares y 11,2 kilos de oro. Paralelamente, se detenían a otros integrantes de su partido, la Liga Nacional para la Democracia (NLD), algunos de los cuales, según Human Rights Watch (HRW), han sufrido torturas y/o fallecido. La Asociación para la Asistencia de Presos Políticos de Birmania ha cifrado en 500 los muertos provocados por la represión militar hasta la fecha.

Es evidente que en cualquier democracia consolidada tal grave acusación habría seguido un proceso judicial con garantías. Pero en modo alguno justificaría nunca una reacción de esta naturaleza en la que el ejército suprimiera los derechos fundamentales e impusiera su autoridad marcial. Es evidente que, tras el golpe, ha habido algo más, un intento de cambiar el cariz del rumbo de los acontecimientos que a los oficiales birmanos no les estaba gustando, como era el ver laminados sus privilegios, tras la victoria electoral de la presidenta, el pasado mes de noviembre. Las intenciones anunciadas de la Junta Militar son la de gestionar el país durante uno o dos años, para abrir un proceso de transición. Entre tanto, ya han procedido a enjuiciar a Aung San Suu Kyi por las acusaciones que pesan sobre ella. Sin embargo, la situación se ha complicado ante la reacción popular, ni mucho menos dispuesta a aceptar esta situación opresiva ni admitir los motivos que han aducido los militares para que retomen, de nuevo, el control como lo hicieron en el pasado. Birmania ya vivió un largo y funesto periodo bajo un régimen de estas características, desde 1962 hasta 2011, no siendo hasta 2015 cuando, por fin, se pudieron celebrar, no sin dificultades, elecciones libres.

El país, ya de por sí con altas tasas de pobreza, se ha visto convulsionado por un fuerte rechazo popular que se ha traducido, según Amnistía Internacional, en “masacres” contra la población civil, que han provocado decenas de muertos y heridos. Está claro que los militares se han enrocado de mala manera sin medir las consecuencias ni los efectos tan desastrosos que ello iba a provocar. Las semanas y los meses han ido transcurriendo, desde ese infausto momento golpista, y el Movimiento de Desobediencia Civil, que ha canalizado esta rabia social contestataria contra la Junta Militar, no ha cesado en seguir adelante con sus movilizaciones.

Sin embargo, tampoco a los militares les está temblando el pulso a la hora de reprimir con suma dureza a la población. El pasado sábado, día 28 de marzo, el más sangriento, murieron en los disturbios 141 personas, mientras los militares celebraban el Día de las Fuerzas Armadas con un desfile y un banquete. Claro que la Junta no está sola. Ha recibido el respaldo de China y de Rusia, en el Consejo de Seguridad de la ONU, aunque, ante la gravedad de la violencia, el Kremlin ha empezado a dudar, señalando la posibilidad de llevar a los responsables de tales actos de terror ante la Corte Penal Internacional. Paralelamente, la Junta ha seguido un plan muy preciso para acallar la disidencia y, por supuesto, controlar a los medios. Así que ha revocado la licencia de varios medios de comunicación independientes que informaban de la turbulencia en las calles, además de detener a 35 periodistas (19 de ellos puestos, finalmente, en libertad), por infringir la normativa impuesta de utilizar en sus artículos términos como “golpe”, “régimen” o “junta”. Pero eso no ha evitado que, a pesar de todo, sigan su labor informativa a través de las redes sociales en sus cuentas de Facebook, YouTube, Twitter o Instagram.

Miles de refugiados birmanos están huyendo hacia India o Tailandia buscando seguridad ante el temor a la violencia generalizada, y las etnias minoritarias que cuentan con sus propios grupos armados, y que no aceptan la autoridad militar, se han posicionado en favor de la defensa de la democracia, garantizando la salvaguarda de los desplazados.

El Gobierno Civil (Comité para la Representación de la Unión Parlamentaria) clandestino, que hace las veces de máxima autoridad opositora, se ha puesto en contacto con varias de estas guerrillas para configurar una fuerza militar federal que no solo lleve a que la Junta renuncie a sus planes, sino que además sea la futura base de un nuevo Ejército integrado por las diversas minorías, no solo la mayoritaria, la bamar, que configura el actual. Todavía no es seguro que las diferentes facciones se unan en un frente común (más cuando dejaron a su suerte a la minoría rohinyá, cuando el Tatmadaw se empeñó en exterminarla, en 2017), pero de conseguirlo, algunos analistas observan, con preocupación, la posibilidad de que Birmania se incline hacia una confrontación más grave, de inciertas consecuencias, como una guerra civil.

Está claro que los militares han errado por completo sus cálculos. Pensaron que, tal vez, la reacción popular sería fácil de acallar o que el temor al poder coercitivo de los blindados en las calles podría disuadir a la población de rebelarse, con unos cuantos disparos al aire y una pantomima de juicio a Aung San Suu Kyi. Pero todo sugiere que la espiral de violencia, horrores y número de víctimas solo refuerza el descontento de una sociedad que, desde luego, no está dispuesta a aceptar una quiebra de su voluntad democrática con unas cuantas malas excusas. De hecho, la Junta debería darse cuenta de que no ha hecho más que precipitar unos acontecimientos que puede costarle todo su arcaico poder. El hartazgo por las décadas anteriores bajo el yugo militar ha sido un claro síntoma de que los birmanos no han olvidado con facilidad el pasado. El problema radica en lo empecinados que estén los militares en proseguir con sus objetivos represivos y que reconozcan que su postura no hará más que precipitar a los birmanos a una confrontación de la que nadie saldría vencedor, todo lo contrario. Sería devastador.