Debates falsos apoyados en mentiras

Esto es lo que ocurre a diario en este país polarizado por la ideología interesada de los bloques que componen actualmente el Congreso y el Senado. Lo que se practica diariamente entre las derechas, que aprueban medidas y presupuestos autonómicos con el apoyo de la ultraderechista Vox, no se le permite al bloque de izquierdas que cuenta con el apoyo de partidos nacionalistas. A las dos leyes aprobadas recientemente en el Congreso y ratificadas en el Senado por amplia mayoría como han sido los Presupuestos del Estado y la Ley Celaá para la Educación, se contesta no con argumentos legítimos sino con mentiras de grueso calibre. Para colmo, se utiliza la estructura autonómica para buscar atajos o poner palos en la rueda a lo aprobado en el Parlamento nacional. Dicen querer mucha a la nación, pero también la quieren romper cuando no coincide con su ideología. Esto ya viene de largo en la política española.

En el caso de los presupuestos recientemente aprobados, todo resulta más difícil de trasladar a la opinión pública por su carácter económico, repleto de números y partidas difíciles de medir y entender por la mayoría a pesar de la importancia que supondrá para todos los españoles. Dentro de ellos, se engarzarán partidas de apoyo aprobadas en la Unión Europea a consecuencia de la pandemia.

Respecto a la Ley Celaá de Educación, un fracaso más de nuestros políticos ya que es la octava ley aprobada sin consenso, la ideología y las mentiras cabalgan con facilidad, así como los mensajes simplistas. Detrás de ellos están muchos intereses privados, de órdenes religiosas interesadas en monopolizarla y cómo no, de la iglesia católica. Resultan bochornosos los gritos de libertad de los tres partidos de la derecha y ultraderecha. Otros calificativos como: “Eliminan la concertada”, “prohíben la religión” o “se vende la lengua castellana” son más fáciles de gritar que de argumentar y debatir. Los reproches se centran en bulos o medias verdades que no se encuentran en el texto de la norma educativa. Veamos algunos:

1.- Se asegura y se grita que la ley acaba con la religión católica, pero lo que hace la reforma es que esta materia sea de oferta obligatoria en los centros, pero de elección voluntaria. Se elimina, eso sí, la obligación para los que no eligen religión de cursar otra asignatura alternativa. Se suprime también el artículo que permitía que la Religión computara para la nota media del alumno y ya no contará ni para el acceso a la Universidad ni para la obtención de becas. Por lo tanto, la religión no desaparece, es de oferta obligatoria

2.- Se afirma que la Ley quiere acabar con los centros de educación especial. Sin embargo, lo que se expone es un plan de diez años en el que el Gobierno y las Administraciones educativas trabajen, de acuerdo con el artículo 24.2.e de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, para que “los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad”. Por lo tanto, no se acaba con los centros especiales.

3.- El portavoz de Más Plurales ha asegurado que la norma supone un “ataque directo a la libertad de enseñanza” pero lo que cambia la ley es que elimina el concepto de “demanda social”, añadido en la Lomce por el PP, para dar más poder a los padres sobre la elección del centro de sus hijos. Para la patronal de la concertada este cambio acabará con las escuelas de esta red.

Sin embargo, el cambio no tiene que acabar con la concertada, una red de escuelas que ya existía antes de la Lomce y de la aplicación de este concepto. El cambio real es que se añade un paquete de medidas destinadas a corregir la segregación del alumnado por razones socioeconómicas, por sexo u otras razones.

En este sentido, el primer cambio es que los centros que segreguen no recibirán fondos públicos. Algo que va ligado con un cambio para garantizar la igualdad de género y la igualdad de condiciones en el sistema educativo. Pero, además, esto no significa que menos alumnos vayan a la concertada, es que las Administraciones tendrán capacidad de distribuir al alumnado para garantizar un equilibrio, evitando los ‘colegios guetos’, centros públicos en los que la mayoría del alumnado tienen dificultades, sobre todo, socioeconómicas. Por lo tanto, Por lo tanto, solo se ponen límites a la concertada para garantizar la igualdad.

4.- Otro de los argumentos de los opositores para decir que se acaba la concertada es la medida de acabar con las polémicas cuotas. En la ley este punto es cierto, así como la clara apuesta por la enseñanza pública. Sin embargo, lejos de acabar con la concertada, lo que hace es garantizar el derecho a la educación pública. Por un lado, se establece que hay que fomentar los centros públicos y frena la entrega de suelo municipal para la construcción de centros concertados.

Pero, además, establece el fin de las polémicas cuotas que imponen muchos centros concertados para garantizar el carácter gratuito. Un estudio de la Confederación Española de Asociaciones de padres y madres del alumnado (CEAPA) y la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE) señaló que el 90% de los colegios cobran una cuota base a las familias y que en un 89% de los casos son obligatorias.

5.- El castellano ha sido también objeto de conflicto entre los opositores a la ley. Tras aceptar una enmienda pactada entre PSOE, ERC y Unidas Podemos, la nueva ley elimina el concepto de “lengua vehicular” para el castellano. No obstante, el texto añade que las administraciones educativas deberán controlar que al final de la enseñanza obligatoria exista un “dominio pleno” del castellano, así como de la lengua cooficial que haya en su comunidad. Como ocurre con la demanda social, lo que se hace es eliminar un concepto que se incluyó en la ley Wert porque hasta 2013 el castellano no era lengua vehicular. Por lo tanto, el castellano tampoco desaparece.

Recientemente en un informe realizado por El País se decía que “en la última década, mientras la enseñanza pública sufría los estragos de la crisis económica, la concertada no solo no vio reducidas las subvenciones, sino que el importe de los conciertos educativos aumentó en 448 millones de euros. El incremento no ha solucionado, en todo caso, según los expertos, la falta de financiación crónica de esta red educativa, en la que la Administración paga el salario del profesorado y otros gastos de colegios de titularidad privada. El agujero es compensado por las aportaciones, vetadas por la ley, que realizan los padres a los centros. Una situación que se ha mantenido durante años porque las Administraciones, los colegios y las familias de los alumnos han encontrado beneficios en esa fórmula extraña. La ley Celaá, fuertemente rechazada por un sector de la concertada, contempla una revisión de los conciertos con el objetivo de que los pagos de la Administración garanticen la completa gratuidad”.

Mentiras, palabras gruesas, ideología, manipulación, intereses particulares de órdenes religiosas y la sombra alargada de la religión católica. Esa es la cruda realidad. La historia se repite.