La okupación es un problema grave que cada vez coge más fuerza e involucra a más actores políticos y sociales, llegando a ser un espacio cotidiano en los medios de comunicación, causando crispación e indignación en todos los ciudadanos. Para los buenitas de palabra, que las admiten y en algunos casos las promueven, les digo que “Grave es una sola okupación”
Ante un delito tácito, no hay medidas eficaces para acometer el problema, al contrario, los okupas parecen salir impunes y cada vez se muestran más desafiantes ante la Ley y la Sociedad, porque comprueban frecuentemente que esta conducta antisocial y antijurídica queda sin castigo. La Ley hoy deja a los propietarios sin protección y las Fuerzas de Seguridad del Estado sin cobertura jurídica para proteger la propiedad privada. Las medidas adoptadas en los últimos años para paliar esta situación han resultado manifiestamente ineficaces, por lo que se deben buscar alternativas para que los propietarios no vean desposeídos de la propiedad impunemente.
“El derecho de propiedad es un derecho reconocido constitucionalmente” y consagrada por la declaración de los Derechos Humanos, Todos tenemos el derecho al disfrute de nuestras propiedades y nadie puede impedirlo, sino es por medio de la Ley. La okupación debe ser tipificado penalmente como “robo permanente” y daría a las Fuerzas Públicas las facultades de la expulsión automática de los okupantes sin necesidad Judicial, eso sí poniéndoles a disposición de un Juez una vez expulsados de la propiedad okupada, con un delito de cárcel y suspensión automáticamente de todos los beneficios sociales que reciba y si hay niños menores que pasen su protección a los servicios sociales.
Por otro lado, el okupa es un delincuente y no puede utilizar el principio de La inviolabilidad de la vivienda, como su derecho a permanecer en el bien ocupado. Desde el momento que está fuera de la ley, el okupa no puede usarla a su antojo pretendiendo que la vivienda es un derecho fundamental; ese argumento no puede usarse en la ilegalidad, como lo ha declarado el Tribunal Constitucional. En un Estado de Derecho no puede prevalecer el derecho del que viola y abusa del mismo.
Cuando se detecta y se denuncia la okupación de una vivienda, la Policía debe proceder inmediatamente a desalojarlos para lo cual la Ley debe dejar claro que un okupa no adquiere en ningún momento el derecho a estar en la vivienda okupada por eso debe estar urgentemente tipificado como un delito de “robo permanente “si en algún momento han conseguido empadronarse, a veces favorecido por la propia administración, bien mediante el alta en los suministros, etc. Al tenerse conocimiento y denunciada la okupación se le eliminan automáticamente dichos beneficios por adquirirlos con fraude a la Ley, dónde la policía está legitimada para desalojar a los amigos de lo ajeno sin necesidad de orden judicial
Urge una reforma legislativa que defina la okupacion de una vivienda, sea de quien sea, como en un robo permanente y agilice el desalojo por las Fuerzas de Seguridad en el mismo momento que tengan conocimiento del bien okupado. Definir la okupación como robo, dada la magnitud del bien robado, debe ser castigado con cárcel, hay que asegurar el cumplimiento de las penas, por otro lado, el delincuente perderá las ayudas oficiales y las subvenciones y no podrá aspirar al beneficio de una vivienda oficial. Sí premiamos el delito de okupación con una vivienda de protección oficial, incurrimos en una tremenda injusticia con las personas que usan el camino legal para aspirar a las ayudas y beneficios oficiales. El okupa debe tener claro que esa no es ninguna solución ni atajo para llegar a conseguir una vivienda, el camino del delito solo lo llevará a la cárcel.
Se suma un problema social añadido a una ocupación: deterioro de la convivencia vecinal, crispación e inseguridad, hay que hacerle frente, porque cada día vemos más reacciones violentas en los barrios y vecinos que tratan de tomarse la justicia en sus manos, lo que acarrea una notable inseguridad y degradación de la calidad de vida de una comunidad, por otro lado, las leyes garantistas sobre el robo de propiedades van en contra de la convivencia y la justicia social.
“Un delito sin castigo y pena, sería permitirlo y tolerarlo” Y representaría una ofensa grande para la convivencia. Un Gobierno que permite las injusticias, es un Gobierno dañino y peligroso para la sociedad.
