¿Quo vadis provincia?

Tal como nos inculcaron nuestros padres, nuestros mayores, nuestros maestros; debemos ser útiles a la sociedad, como la sociedad nos es útil a nosotros con su trabajo, su dedicación y su quehacer hacía los demás. Y ello requiere, fundamentalmente, de la toma de conciencia correspondiente, de la motivación, de la responsabilidad, del afán de servicio, etc., en suma, de la disponibilidad de un espíritu de superación, de una “mejora continua” en todos los procederes, responsabilidades, obligaciones, etc., que todos tenemos; sin excepción ni excusa de ningún tipo; si queremos alcanzar una comunidad prospera, equitativa, solidaria, ilusionada, en la avanzadilla de la justicia, de la economía, de la ciencia, de la cultura, del progreso, de la equidad, de la salud….

Y muy especialmente, el cumplir con rigor y exquisitez los deberes públicos, económicos y empresariales es, más si cabe, predicable de quiénes ostentan cargos políticos, son titulares y/o propietarios de entidades y organizaciones representativas de comercio e industria, de unidades productivas, etc., debido a las competencias, poder y facultades que ostentan para dirigir y administrar con economía, celeridad, eficacia y eficiencia los recursos humanos y materiales que tienen que gestionar y optimizar con su empleo, para conseguir el máximo logro de las objetivos que la legislación les imponen, los estatutos sociales que han de observar, etc., lo que redundará en la satisfacción de las necesidades, de las demandas, de los deseos, etc., de la ciudadanía, de la clientela; es decir, logrando el máximo nivel de fomento de los intereses generales y de los requerimientos de la clientela.

Así por, ejemplo, si nos circunscribimos al ámbito provincial; formado por numerosos municipios; serán los ayuntamientos y las diputaciones provinciales, especialmente; y considerando las obligaciones legales que también tienen con los administrados de dicho ámbito jurisdiccional las Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado, por mandato de los Estatutos de Autonomía, la normativa del Régimen Jurídico del Sector Público, entre otras disposiciones generales; se supone que el principal instrumento de política económica que tienen que elaborar anualmente, los correspondientes Presupuestos Generales, reflejarán los créditos y partidas presupuestarias con los que atender los fines que por imperativo legal tienen atribuidos que no es otro que el bienestar, la salud, las obras y servicios, la educación, la cultura, el impulso de la economía y de la empresa, etc.

La elaboración de planes económicos y sociales por las Entidades locales es, pues, inexcusable para saber, ponderar y resolver con conocimiento de causa, o sea, con datos fidedignos y actualizados, con concienzudos estudios “ad hoc”, la prioridad de las competencias que tengan que atender; es decir, que posibilite una elección fundamentada y , por ello, justa, ecuánime, razonada, etc., lo que requiere, también, un análisis “ex ante” y “ex post” del impacto que conlleven, lo que permitirá una elección óptima de las obras y servicios que hayan de acometer, o sea, las más necesarias en función de su naturaleza, volumen de población afectada, y contribución al desarrollo económico y social, entre otros muchos criterios a tener en cuenta. A tales fines, especialmente las Diputaciones Provinciales por las competencias y medios humanos y materiales de que disponen, debieran, las que no lo tengan, disponer de un Servicio de Estudios Económicos que recopile información estadística y de todo tipo sobre la provincia, como que también la elabore, que le permita diagnosticar su estado y problemática, etc., en base a los cuales proponer a la Corporación Provincial un Plan Provincial de Desarrollo Económico y Social, que incluya las infraestructuras que se precisen a tal fin.

Y, por supuesto, todos los presidentes de las corporaciones locales, concejales y diputados provinciales; empleados públicos, especialmente los directivos; la Universidad, las Cámaras de Comercio e Industria, las organizaciones sindicales, medios de comunicación, como la ciudadanía en general, debieran hacer aportaciones, sugerencias, ideas, etc., que contribuyan a la mejor solución de la problemática que en cada momento tenga la provincia. Es obligación de todos. Buzones de sugerencias en Internet, remisión a las Administraciones locales de las investigaciones académicas, etc., son, entre otros, mecanismos con los que colaborar con ellas.

Un buen documento de trabajo, para mejorar año a año la labor de determinadas Administraciones Locales, es el texto de la Secretaría General previsto en el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, “Art. 149. “Los Secretarios de los Ayuntamientos de Municipios de población superior a 8.000 habitantes y los de Diputaciones Provinciales redactarán una memoria dentro del primer semestre de cada año, en la que darán cuenta circunstanciada de la gestión corporativa, incluyendo referencias al desarrollo de los servicios, estadísticas de trabajos, iniciativas, proyectos de trámite, estados de situación económicos y modificaciones introducidas en el inventario general del patrimonio, que serán remitidas al Ministerio para las Administraciones Públicas”. En vigor.

Y es que sin plan, sin hoja de ruta, sin “derrotero”, “encallaremos y naufragaremos”; y habría que preguntarse: ¿A dónde vas, provincia ¿, rememorando a San Pedro.

Marcelino de Zamora