Así lo afirma la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, y así lo recoge la Opinión de Zamora el 4 de enero de este año.
Sin embargo, las macrogranjas existen, son explotaciones de grandes dimensiones de cría industrial de animales cuya cadena de producción está totalmente integrada, desde la elaboración de los piensos, instalaciones de mataderos, salas de despiece hasta la comercialización de los productos elaborados finales. En nuestra región y a nivel nacional las que más preocupación y rechazo han generado son las de porcino.
En lo económico la cría intensiva industrializada del porcino español ha sido una historia de éxito. La macrogranjas de porcino a finales del 2017 representaban más del 80% de todas las explotaciones, el 14% de la producción agraria total y casi el 40% de la producción ganadera total; más de 4 millones de toneladas de carne. La cifra de negocios alcanzó los 15.000 millones de euros, las ventas exteriores representaron el 13%, por un valor de 5.000 millones de euros y una presencia en más de 130 países.
La mayor representante de estas integradoras es el Grupo Valls Compay cuya facturación anual supera los1.600 Millones de euros y controla una producción de 4,5 millones de credos y cuenta con 2.100 granjas asociadas. Para defender y promocionar los intereses del sector está INTERPORC, Interprofesional del Porcino de Capa Blanca, uno de los grupos de presión más potentes y dinámicos, encargado de la defensa y promoción del sector a nivel nacional e internacional.
Con este enorme peso económico y de influencia, todas las medidas tendentes a reducir los graves impactos medioambientales y sociales son recibidas con enorme hostilidad por las administraciones que consideran que pueden atentar contra su crecimiento.
Este modelo de producción que aporta enormes beneficios para unos pocos, representa desgraciadamente unos gravísimos inconvenientes para las poblaciones donde se instalan estas granjas, para el medioambiente y para la misma humanidad.
Admito que podrán pensar que exagero, pero veamos. Esta cría industrial de credos genera cada año unos 61 millones de metros cúbicos de purines que contaminan el aire, las aguas y esterilizan las tierras agrícolas.
No debería ser así si se respetarán las normas españolas y europeas, pero la experiencia demuestra que no se hace. Y no se hace porque las grandes empresas beneficiadas del sistemas han integrado en su modelo la responsabilidad de la gestión y eliminación de los purines al último eslabón de la cadena de producción. Es así como el ganadero, que no tiene nada que decir sobre el modelo de producción ni sobre los productos y piensos empleados y que no puede desviarse de los protocolos y que al final solo recibe un canon por cerdo engordado que no cubre ni de lejos los costes de una buena gestión de los purines, termina siendo el responsable de la gestión de los desechos. De esa manera no existe una gestión vigilada de los purines, que terminan contaminando las aguas subterráneas y de superficie con la pasividad de las autoridades que carecen de los mecanismos de inspección suficientes para que se apliquen las medidas pertinentes. Así lo demuestra la experiencia, como lo ha podido comprobar la Agencia Catalana del Agua que ha tenido que admitir que la mitad de las aguas está en mal estado y el 83% tienen exceso de nitratos.
Se podrían eliminar o aminorar estos problemas haciendo que sean las grandes integradoras, a la postre las grandes beneficiarias de este modelo de producción, las responsables de estos daños. Debería ser ellas, que disponen de los medios económicos más que suficientes, las que deberían llevar un registro informatizado con un sistema GPS integrado en los equipos de aplicación de los purines que registren dónde, cuándo y con qué cantidades se han llevado a cabo los esparcimientos de purines. Estos sistemas ya existen y España podría liderar su producción y uso.
Al vivir sobre balsa de purines y prácticamente sin poder moverse y debido a las exigencias de productividad, ya sea de carne o de reproducción, los animales reciben cantidades ingentes de anabolizantes, de tranquilizantes, de productos hormonales, para acelerar el ritmo reproductivo, y sobre todo de antibióticos. Así en España se destinan más antibióticos para uso veterinario que para uso humano, y la industria cárnica española los emplea tres veces más que la alemana. Como las bacterias se adaptan con rapidez, los antibióticos pierden pronto su eficacia y, así, nos estamos quedando sin antibióticos. Esta carrera ya la dan por perdida las grandes empresas farmacéuticas y una tras otra abandonan el negocio de los antibióticos. Si a esto añadimos que la piscicultura, principalmente la del salmón, utiliza igualmente enormes cantidades de antibióticos, estamos propiciando por tierra y por mar la aparición de una bacteria contra la que no habría medicamentos. La llamada gripe española sería una broma de mal gusto en comparación con una súper bacteria de este tipo. El doctor Pablo Horcasada, médico jefe de Enfermedades Infecciosas del Hospital del Mar, Barcelona, afirma que, de seguir así, en el 2050 habrá más muertos por infecciones bacterianas que por cáncer.
La ganadería industrial, en particular la porcina, debe responsabilizarse de los daños medioambientales y sanitarios que genera. No lo hará si el poder político no la obliga a ello y la fuerza a cambiar el modelo de producción, internalizando y no externalizando hacia los últimos eslabones de la cadena una responsabilidad que éstos no son capaces de asumir. Desgraciadamente no parece que nuestros políticos estén por la labor. Se escudan en el dictamen de los expertos o acusan de razones ideológicas a los que piden que se tomen en cuenta las razones de los que sufren los efectos de este sistema de producción y apoyan descaradamente los argumentos de las integradoras. Tenemos un problema de democracia.
Si bastasen los dictámenes de los expertos, sobrarían los políticos. Pero ya no estaríamos en democracia, sino en un régimen tecnocrático. Si los políticos, en vez de buscar el bien común, se hacen meros portavoces de los poderes económicos, tampoco estaríamos en democracia, sino en plutocracia, donde el poder político es un mero portavoz y defensor del rico. Pero quizás sea ese el problema de algunos ingenuos o soñadores. Que siguen creyendo en la democracia.
¡Pobres benditos!
(*) Integrante de la Asociación Pueblos Vivos
En la edición de papel, el nombre del autor y la fotografía que lo acompaña están equivocados. Por error aparece el biólogo José Ignacio Regueras, en lugar de José Regueras, autor de este artículo de opinión.
