Una disposición franquista muy acertada

Son muy conocidas las disposiciones, frecuentes, durante el gobierno del general Franco, que limitaban el conocimiento y difusión de hechos; hoy serían tipificadas como limitación (o supresión) de la "libertad de expresión". Una de ellas fue la prohibición de que los jueces y los funcionarios de las Fuerzas Armadas pertenecieran a partidos políticos. Creo que es muy de actualidad en estos tiempos la que se refiere a los jueces; porque los pocos militares que pudieran ser citados ya han sido tratados y sancionados.

Estaba prohibido, entonces, a los jueces pertenecer a partido político alguno; hoy -como sabemos- les está permitido; y a eso me voy a referir criticándolo, en cierto sentido o refiriéndome a ciertas circunstancias, sobre todo de tiempo. La pertenencia de los jueces a partidos políticos ha traído consecuencias bastante graves, hasta llegar al caso de que algún juez, nacido en la provincia de Jaén y alumno mío en su curso del COU, ha llegado a ser sancionado con la pérdida de su condición profesional, por pertenecer a una tendencia política y llevar su ideología a sus actividades en asuntos importantes. Otros jueces, marcadamente pertenecientes a corriente política -o así podríamos suponerlo- han tomado decisiones que no parecen de acuerdo con la rectitud ejemplar y ejemplarizante que todos esperamos de un juez.

Un juez, con ejercicio en Palma de Mallorca, ha tomado parte decisiva en un caso en el que se ha visto implicada nada menos que una hija y hermana de rey de España. Ha hecho uso de la independencia que asiste al Poder Judicial, hasta el punto de adoptar postura firme en contra de lo manifestado por el fiscal que se encargó del caso y la Abogacía del Estado interesada en el mismo. Ha obligado a sentarse en el banquillo de los acusados a una persona que ha convertido en asunto político lo que en otra persona quedaría en un simple caso de delito económico. Es muy posible que el caso quede en nada, ya que la acusación particular, llevada a cabo por Manos Limpias está desvirtuada por la suciedad con que ese sindicato ha sido manchado, hasta el punto de estar en la cárcel el supremo dirigente y el más importante puntal económico del mismo. Pero, sobre su actuación en las decisiones que ha adoptado, está ahora en tela de juicio -hasta ser acusado de falsedad- su afirmación de haber sido objeto de una invitación a "entrevista ilegal" por los abogados de la infanta. Sería lamentable en extremo que un juez español hubiera sido llevado por su aparente ideología, que algunos han tildado de antimonárquica, a mentir en asunto justiciable.

Son notorios los espectáculos que jueces españoles han montado para detener a personajes de la vida política pertenecientes al partido en el Gobierno, hoy "gobierno en funciones". Pero hoy mismo se da el caso de que un juez de la Audiencia Nacional ha fijado un plazo apremiante para que el Partido Popular, en plena campaña electoral, satisfaga una importante cantidad en calidad de fianza, por si, en el juicio que se llevará a cabo, fuere o fueren sentenciados tesoreros de dicho partido ya cesantes. Está muy clara la implicación política de esta sanción: Aunque se admita que es legal imponer una fianza en atención a la sentencia en un juicio, que no está siquiera en trámite de proceso, lo cual es bastante importante; parece un poco atentatorio contra el sentido común de un Estado democrático que esa sanción, tan perentoria, se lleve a cabo en los días que son necesarios en tranquilidad para un partido pendiente de una campaña electoral; a elecciones que tratan precisamente de su futuro inmediato. No me consta la ideología política del juez De la Mata; pero sí es de claro sentido común que ni siquiera para los partidos opuestos es admisible interferir con un proceso judicial y con una sanción económica contra personas implicadas en plena campaña electoral. Me imagino -y cualquiera puede imaginarlo para sí- que, en unos momentos de campaña para elegir e intentar conseguir una situación profesional, me fuera impuesta una sanción por la que hubiera de recabar unos pocos miles de euros en un tiempo muy corto. Opino que la prohibición a los jueces de pertenencia a partido político, impuesta por el gobierno de don Francisco Franco Bahamonde, fue manifiestamente acertada y sería extraordinariamente conveniente en un estado democrático.