Los muladares y la solución a los ataques al ganado

La crisis de las vacas locas, que llegó a España en 2002, obligó a cambiar la normativa europea sobre sanidad animal. La necesidad de preservar la salud de los consumidores llevó a tomar medidas drásticas que tuvieron consecuencias inmediatas en la ganadería vacuna y en el resto de actividades pecuarias. También, de forma colateral, afectó a la fauna salvaje, porque se restringieron los muladares y se prohibió el abandono de cadáveres de animales en el campo que servían de alimento a las aves carroñeras. Zamora se vio perjudicada de manera especial por esta prohibición por contar con un amplia población de especies silvestres que, desde entonces, se vieron obligadas a cambiar en parte sus hábitos de alimentación, aumentando los ataques a los animales domésticos.

La presión de los ganaderos, los defensores del medio ambiente y la propia Comisión Europea obligaron en 2011 al Gobierno español a modificar una normativa que estaba produciendo importantes gastos a los criadores de reses por el coste de la retirada y cremación de cadáveres de animales y también por el incremento de los ataques de aves carroñeras a ganado vivo por la escasez de comida. Otras especies como el lobo también aumentaron su presión sobre los rebaños de ovejas y las explotaciones de vacuno y equino.

El Consejo de Ministros aprobó un real decreto que flexibilizó en parte la prohibición de abandonar cadáveres de animales en el campo, una decisión que también fue aplaudida por algunos grupos ecologistas. La normativa abrió la posibilidad de usar reses muertas ovinas, bovinas y caprinas para alimentar especies necrófagas como buitres, quebrantahuesos o alimoches. La norma contemplaba la creación de muladares o comederos y zonas de protección para la alimentación de especies necrófagas, a designar por las comunidades autónomas.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León dio luz verde en la primavera de 2013 a la iniciativa conjunta de las consejerías de Agricultura y Ganadería y de Fomento y Medio Ambiente que regulaba la utilización de cadáveres de animales de las explotaciones ganaderas para consumo de especies de fauna silvestre. El decreto intentaba mejorar la situación de determinados animales necrófagos que estaban variando sus hábitos alimenticios y reducir los costes de gestión de las explotaciones pecuarias. La normativa mantuvo los muladares e intentó normalizar las condiciones de autorización de los mismos, permitiendo el abandono de animales muertos en el campo de las explotaciones en régimen no intensivo de todas las especies ganaderas.

El abandono de reses muertas en el campo queda restringido a algunos lugares escogidos por Fomento y Medio Ambiente como zonas de protección para la alimentación de aves necrófagas. La normativa obliga también a cumplir exigentes medidas sanitarias para garantizar que la actividad no suponga riesgos para los humanos y para la estabilidad sanitaria de otras explotaciones.

La norma apenas ha tenido recorrido porque los ganaderos consideran que las condiciones son tan exigentes que, en muchos casos, son casi imposibles de cumplir. Como, por ejemplo, acreditar previamente las necesidades nutricionales de las especies carroñeras, extremo que debe ser comprobado por la propia Administración regional. Las explotaciones deben estar libres de brucelosis (condición que sí cumplen todas las granjas de la región) y también de tuberculosis, además de otras condiciones administrativas como que los animales han de tener una edad inferior a 48 meses.

La propia organización conservacionista WWF ha animado a los ganaderos con explotaciones en régimen extensivo a solicitar la autorización de la Junta para abandonar carroña y ha pedido en varias ocasiones a la Administración regional la correcta aplicación de la normativa que beneficia a determinadas especies y también a los ganaderos.

La medida para extender los muladares apenas ha tenido incidencia por las exigencias establecidas. Entre otras, la obligación de radicar estas instalaciones a más de 500 metros de núcleos de población, lejos de carreteras, tendidos eléctricos y aerogeneradores. O la de mantener un sistema de registro con la identificación, peso y origen de los animales, así como la obligatoriedad de retirar los restos no consumidos.

El fracaso de la normativa es evidente porque en los últimos años han aumentado los ataques de aves carroñeras a animales vivos en Zamora y otras provincias de la comunidad. También los daños del lobo se han incrementado, con especial incidencia en las comarcas al sur del Duero. Y la introducción de especies alóctonas como el meloncillo seguramente también tiene que ver con la falta de comida "fácil". Así mismo se empieza a notar un desequilibrio entre especies que juega en contra de la biodiversidad futura.

La Administración regional debe "limar" el decreto en lo posible y permitir que su aplicación sea más factible para que así cumpla el cometido para el que fue aprobado. En este caso, contrariamente a lo que sucede en el caso del lobo, en la potenciación de los muladares están de acuerdo proteccionistas y ganaderos. La medida, si se aplica bien, ayudará al equilibrio medioambiental y supondrá un alivio para las explotaciones ganaderas, en situación crítica por el bajo precio de sus producciones y el aumento de los costes de gestión.