Desde las administraciones se siguen dando pasos encaminados a horadar la autonomía municipal; desde el Estado, con diversos aspectos introducidos en la Ley de Régimen Local, como el "coste efectivo" o las funciones de la coordinación por las diputaciones, y desde la Administración regional con el proceso de ordenación territorial. Voy a centrarme en esta última.
Se empeña la Administración regional en seguir dando la información de forma sesgada en este vía crucis en que se ha convertido la ordenación territorial. Así, las Áreas Funcionales no son meros espacios físicos sino que son un condicionante para la pertenencia a una MIG Urbana, además de servir de base para otras decisiones que puedan tomarse en el futuro. Del mismo modo, la voluntariedad de pertenecer a las Mancomunidades de Interés General es hipotética, ya que está a expensas de la normativa que regule la distribución de competencias que determinará cuáles de ellas van a ser obligatorias y quién las va a ejercer. Con lo que puede producirse una obligatoriedad sobrevenida de pertenencia a una MIG, ya sea rural o urbana.
Hay que lamentar que se haya vuelto a iniciar la declaración del Área Funcional de Benavente de oficio, obviando la opinión de los municipios; y ahora someterlo a su audiencia sabiendo que es un trámite obligatorio y que no se tendrán en cuenta las sugerencias que se presenten. Y digo esto porque es sorprendente que aleguen que el motivo del archivo del expediente en 2015 fue a causa de la proximidad de las elecciones municipales, cuando el verdadero motivo fue el rechazo de los municipios a la iniciativa.
Por cierto, si realmente fue esa la razón de la paralización ¿cómo es que fueron tan osados de aprobar el Reglamento de las Mancomunidades de Interés General casi en campaña electoral? Curioso ejemplo de demostrar el deseo que tienen de dar participación a los municipios.
Por otra parte, antes de crear cualquier figura administrativa se debería conocer qué es lo que se va a administrar con ella. Con esto me refiero a las propuestas del reparto de competencias, que de nuevo se está cocinando de espaldas a los municipios; por lo que todo apunta a que esta regulación devengará en unos servicios más caros, más alejados del ciudadano, previamente privatizados, y en los que disminuirá la calidad y el control sobre los mismos. Esto es a lo que para disfrazar lo anterior vienen denominando "economías de escala", y con lo que los ayuntamientos se van a convertir únicamente en recaudadores y alguacilillos al servicio de otros organismos.
Este proceso de ordenación territorial no va a aportar nada positivo porque la hipotética prestación de servicios que se quiere dar no va a mejorar a la que están prestando los propios municipios, ya sea por sí mismos o a través de las actuales mancomunidades. Mancomunidades que sí han sido creadas de forma voluntaria, por localidades de características homogéneas, y que están prestando los servicios que sus municipios integrantes demandan (ni más ni menos).
Por el contrario, precisamente en nuestra comarca, entidades similares a las que se pretenden crear han resultado un fracaso: la Mancomunidad para el servicio de extinción de incendios ha desaparecido después de numerosos avatares, y la de abastecimiento comarcal de agua prevista para más de 80 municipios está dando servicio a poco más de una decena y con continuos problemas en su gestión.
Todo lo anterior demuestra, una vez más, que normalmente es más operativo, económico y eficaz gestionar servicios individualmente o junto con municipios de similares características. Por lo que antes de seguir con el proceso deberían de tenerse en cuenta los siguientes aspectos:
-Que se clarifique la normativa competencial, estableciendo que los municipios puedan seguir prestando directamente los servicios básicos tradicionales (abastecimiento, saneamiento, pavimentación, caminos, cementerio, alumbrado público, zonas verdes,...), de forma íntegra, siempre que lo deseen y tengan capacidad para gestionarlos. Para ello es imprescindible que el catálogo de competencias de las MIG Rurales no esté cerrado ni sea de obligado cumplimiento, como se pretende, sino abierto y voluntario para que cada Ayuntamiento pueda decidir el escalón en el que ejercer cada competencia de forma más satisfactoria.
-Que se respete la autonomía de cada municipio para decidir su integración o no en otros entes de ámbito superior para la prestación de los servicios de competencia municipal; ya que puede ser positivo crear instrumentos para prestar servicios pero no obligar a su uso.
Onésimo López Cuesta, alcalde del Ayuntamiento de Arcos de la Polvorosa
