Lo he escrito de la manera más correcta. Se refiere, como es evidente para cualquier español que se interese por la política del Estado español, a lo ocurrido estos días en Cataluña; pero también en España entera, en lo que se refiere al Gobierno de la nación, más concretamente, a su presidente don Mariano Rajoy. Podría haberlo escrito en una sola palabra, repitiendo el epíteto que, repetidas veces, aplicó al nuevo presidente de la comunidad catalana la portavoz de Ciudadanos y jefa de la oposición en el Parlamento de Cataluña, Inés Arrimadas. Fue impresionante y perfecta su intervención en la sesión de Investidura del señor Puigdemont (don Carles), sucesor designado por don Artur Mas.

Largo y tendido se refirió la señora Arrimadas al discurso del señor candidato, que fue una glosa, casi literal, de la Declaración proclamada por el señor Mas, su antecesor, el 9 de septiembre del pasado 2015. La continuidad de las personas se definió al señalar que fue don Arturo quien designó a don Carles; al fijar su mirada el antecesor en la persona del señor Puigdemont, cuya trayectoria estaba muy definida como independentista radical, ya se declara la continuidad, que confirmó el candidato el domingo y hoy presidente. Y este eliminó cualquier lugar a duda, enunciando, punto por punto, como propósito, los publicados por su antecesor en la declaración del 9 de septiembre. Por eso fue muy atinada la denominación aplicada por doña Inés Arrimadas a la situación y al protagonista actual: "más de lo mismo".

Tenemos, pues, en Cataluña, con la ya declarada preindependencia, lo mismo que teníamos antes: una voluntad decidida, y defendida desde el Gobierno de la Generalitat, de seguir batallando hasta conseguir la independencia: la instauración del Estado Catalán y su imposición en España y en el extranjero como tal. Así lo proclamó el nuevo president en su grito final: "Visca Catalunya lliure". Es la proclamación de una "libertad" para un territorio al que en este momento se considera sometido, como cualquiera otra región, a las leyes y a la autoridad del Estado español. Esa "Cataluña Libre" significa, por el contexto de todos los sucesos y manifestaciones, un Estado catalán situado en igualdad con la España desdeñada ante las instituciones internacionales; no menos que la Cataluña independiente defendida por el Gobierno de la Generalitat durante estos años pasados.

Pero lo más grave -así lo veo y ¡ojalá me equivoque!- es que el "más de lo mismo" puede aplicarse a la actitud del Gobierno central con relación a este asunto. Hasta el momento (y van dos días) todo se ha reducido a una declaración altisonante de don Mariano Rajoy: "El Gobierno no va a dejar pasar ni una de las actividades encaminadas a la separación de Cataluña y la violación de la soberanía de todos los españoles". ¿En qué va a consistir "no dejar pasar ni una"? ¿En hacer lo que se ha hecho hasta ahora? Porque, si hemos llegado hasta el estado actual, no es solo debido a la actitud de las autoridades catalanas. Ha existido un "dejar pasar": o no se ha hecho nada, en absoluto, o -como ocurrió con la célebre "declaración del 9 de septiembre"- el Gobierno se ha limitado a pasar el asunto al Tribunal Constitucional, que, en una rapidez a la que no nos tiene acostumbrados, resolvió la anulación de lo declarado por el señor Mas el tan citado 9 de septiembre. Se resolvió la anulación; por tanto, cualquier reafirmación de la misma, en su totalidad o en alguna parte importante, es un delito grave de desobediencia a los tribunales superiores de la nación. Y ese "delito grave" ha sido cometido por el candidato en su discurso de investidura, reafirmado con el nombramiento del vicepresidente y demás miembros del Gobierno actual de Cataluña. Y el Gobierno de España, ¿qué ha hecho con relación a eso? Tal vez llegue a poner otra vez en manos del Tribunal Constitucional el asunto, mediante la Abogacía del Estado. Pero eso, igual que la resolución del Tribunal Constitucional sobre el 9 de septiembre, quedará ahí. Decía ayer un amigo mío: "En tiempos pasados, estarían todos en la cárcel". Ahora el único que ha dicho algo ha sido el presidente del Gobierno; tal vez vuelva a utilizar al Tribunal Constitucional. Pero ¡qué hacen los Ministerios en los cuales se halla la fuerza coercitiva del Estado? ¿Más de lo mismo? ¿Dejar pasar?