Ya se sabe que la principal labor de la oposición es oponerse, como se suele decir y sobre todo hacer por parte de aquellos a quienes les toca chupar banquillo. Pero hay formas y formas de oponerse, de trabajar, incluso de colaborar con quienes detentan -solo eso, detentan- el poder. La gente lo nota, y una buena oposición puede acabar teniendo su premio, caso de Guarido, alcalde de Zamora, tras una muy larga permanencia en la oposición municipal en el grupo de IU.
De todos modos, la de la capital está resultando una oposición trabajadora, porque en realidad no para, nunca ha parado, desde que la coalición poselectoral se hizo cargo del Ayuntamiento. No hubo ni la menor tregua, y los del PP en la oposición, tras veinte años de gobierno local, empezaron a lanzar sus dardos demagógicos antes de que el equipo IU-PSOE tuviera tiempo de calentar el asiento o desgastar los pasillos consistoriales. Una oposición oportunista, nada seria, surrealista, de cara a los suyos, sin enterarse de que la mayoría de ellos les ha abandonado. Menos mal que, por fin, ha habido un concejal popular, Víctor López, que ha presentado una denuncia digna de toda consideración y de las que llega al público, pidiendo el arreglo ya de aceras y baldosas en distintas vías del centro de la ciudad. Tiene razón, aunque haya que echarle un cierto valor a la cosa cuando se es el único superviviente del grupo de la alcaldesa Rosa Valdeón, que dejó Zamora en estado comatoso. Escrito lo cual hay que señalar igualmente que, pese al ritmo lento adoptado, a los zamoranos les gustaría mucho que el cambio empezase a notarse ya en la calle y en las calles de la ciudad.
No son los únicos que trabajan, pues ahí está Ciudadanos con sus críticas constructivas y bien razonadas, tanto en la corporación municipal como en la provincial, definiendo desde el centro unas posturas que parece que comienzan a entenderse y explicarse. Ahora ha denunciado a la Diputación, y lo ha hecho formalmente ante la policía judicial de la Guardia Civil para instar a la investigación de la adjudicación de obras subvencionadas, responsabilidad tanto del anterior presidente de la institución, Martínez Maíllo, como de la presidenta actual. A lo que cabe añadir su conocida actitud contraria al mantenimiento del Consejo Consultivo, un organismo innecesario que cuesta a los contribuyentes 2,5 millones de euros al año y encima parece que hagan un favor a la gente.
Lástima que esta exigencia de Ciudadanos, ya presentada en las Cortes de Valladolid ante el presidente de la Junta de Castilla y León, no haya tenido el debido acompañamiento del PSOE regional, volcado por el contrario en sostener el dispendio porque del Consultivo cobran, y hay que ver lo que cobran, algunos representantes socialistas. Menos mal que al menos la comisión que investiga la trama eólica se ha puesto en marcha, que en la comunidad, por mucho que se disimule, no ha dejado tampoco de florecer la corrupción, con imputados en sonados escándalos y numerosos casos sospechosos. Pero todo se andará, es de esperar, tras el 20D.
