Fondo de compensación interprovincial

La justicia distributiva implica, a nivel del territorio provincial, que sus habitantes, con independencia del municipio en que residan, dispongan de las infraestructuras que les posibiliten disponer de similares servicios públicos que les permitan disfrutar de idénticos niveles de bienestar social, de potencialidades de crecimiento y desarrollo económico, de equidad, en suma.

El conocimiento actualizado de los políticos y técnicos de las carencias locales en obras y servicios es una condición imprescindible para que decidan, y propongan, las actuaciones de fomento provincial con conocimiento de causa, y sin ningún interés e intención espurios; que tengan un altísimo sentido del deber político y funcionarial, del innato de justicia; de no acepción de personas y municipios; de estar atentos y vigilantes a las convocatorias de subvenciones de la Junta de Castilla y León, de la Administración General del Estado, de la Unión Europea; de saber las últimas técnicas y textos de gestión pública; de trabajos de investigación; de las mejores experiencias, etc.; lo que contribuirá a que cumplan con un mínimo de dignidad sus obligaciones, respeten la ley y posibiliten a la ciudadanía disponer de obras y servicios que les faciliten un nivel de vida digno, el emprendimiento y crecimiento empresarial y la potenciación de sus recursos.

Un Plan Estratégico que contemple políticas municipales y provincial innovadoras conducentes a la corrección de los desequilibrios territoriales a través de la ejecución de inversiones, financiadas con fondos destinados a la compensación intramunicipal e intraprovincial, permitirá la corrección de los desequilibrios entre las diferentes situaciones de disponibilidad de servicios públicos entre sus habitantes.

Evaluar y gestionar el impacto de los planes provinciales de obras y servicios municipales y provincial, el retorno social de la inversión que conllevan; analizar y comparar los proyectos; utilizar indicadores asociados a resultados; identificar carencias; ponderar mejoras, etc., son tareas que los políticos y técnicos de municipios y Diputación Provincial debieran tener en cuenta en sus acuerdos y propuestas, para respetar el ordenamiento jurídico y contribuir al bienestar general de todos.

Marcelino Corcho