No son nuevas las diferencias de la Junta con el Ejecutivo de Rajoy a propósito de la financiación autonómica, del pago de medicamentos o del apoyo al sector del carbón, por poner unos ejemplos. Lo que sucede es que en esta ocasión, los recelos del Gobierno de Juan Vicente Herrera con las medidas anunciadas por el ministro Montoro no es que estén justificados, es que representan un sinsentido en el discurso de igualdad y solidaridad interterritorial defendido por el Partido Popular desde su constitución. Aunque por distintos motivos, la prueba de ello es la aireada queja de Madrid y de Castilla y León (ambas gobernadas por el PP) con el Gobierno de la nación, que ha decidido modificar las normativas de financiación autonómica y de estabilidad presupuestaria para abaratar el acceso al crédito de las comunidades a partir de 2015. Hasta ahí bien. Pero el problema viene por la doble vara de medir del Ministerio de Hacienda, que asume la refinanciación del plan de proveedores y del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), lo que no deja de ser un premio a las regiones más incumplidoras con los límites de déficit público, mientras castiga a las que, como Castilla y León, sí han cerrado sus ejercicios presupuestarios dentro de los límites fijados. Vamos que, al margen de interpretaciones sobre si la comunidad debió o no acudir en su día a ese mecanismo de financiación, lo que no es de recibo es que el Gobierno actúe de manera arbitraria y cargue ahora contra los territorios que más se han apretado el cinturón para cumplir con los objetivos de déficit. O sea, el mundo al revés. Porque el mensaje que lanza el Ejecutivo central es, justamente, lo contrario que cualquier padre con dos dedos de frente trataría de inculcar a sus hijos: que ante las dificultades, no vale que uno ahorre y otro lapide la economía familiar y, encima, reciba al final el premio.
Lo que reivindica la Junta, con su presidente a la cabeza, es de justicia, de equidad y de sentido común: que la nueva inyección de liquidez aprobada por el Gobierno asuma no solo la refinanciación de los años venideros, sino también al menos la de 2014, año en el que la Junta ha acudido a mercados financieros externos. Es como si Hacienda pusiera más recursos a disposición de las familias que más gastan y se endeudan y, en cambio, reclamara más esfuerzos tributarios a las que persiguen el equilibrio en sus cuentas a base de austeridad y control en el gasto. Pues, ¡vaya lección!
