España coge la batuta de la reforma del mercado eléctrico con una reunión con las grandes compañías

España coge la batuta de la reforma del mercado eléctrico con una reunión tripartita con la patronal europea de grandes eléctricas, Eurelectric, y la comisaria europea de Energía, Kadri Simson, como previa a la cumbre informal de ministros de energía que se celebra este martes y miércoles en Valladolid en el marco de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. En la reunión, el lobi europeo ha insistido en sus líneas rojas, que pasan por evitar hacer permanentes medidas de emergencia, como el tope a los ingresos de las centrales inframarginales, o imponer precios regulados a generación existente.

Además, las eléctricas han pedido a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, el fomento de los contratos a largo plazo de energía (ppa), unas reglas financieras más flexibles que permitan la liquidez de los participantes en el mercado, pruebas de estrés financiero a las comercializadoras en vez de coberturas obligatorias y dar incentivos a la inversiones en la red, así como la posibilidad de invertir en esta infraestructura de forma anticipada.

Según defienden las empresas, la ingente cantidad de renovables en el sistema, así como la mayor penetración de bombas de calor y vehículos eléctricos provocarán que las redes deban gestionar flujos más complejos, por lo que consideran que la inversión debe triplicarse pasando de 23.000 millones de euros al año a, como mínimo, 69.000 millones en 2050.

En la reunión, que se ha celebrado al margen de la cumbre de ministros en un hotel a las afueras de la ciudad, han estado presentes el vicepresidente de Eurelectric y consejero delegado de Fortum, Markus Rauramo, y el secretario general de la patronal, Kristian Ruby. Pero también ha habido una amplia representación por parte de la patronal española Aelec, a cargo de su presidenta, su directora general y su directora de regulación, Marina Serrano, Paloma Sevilla y Marta Castro, respectivamente; así como de los consejeros delegados de Endesa e Iberdrola España, José Bogas y Mario Ruiz Tagle, y la consejera delegada de EDP Spain, Ana Paula Marques.

Por parte del Gobierno, además de la vicepresidenta tercera, han acudido a la cita la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, y el director general del IDAE, Joan Groizard.

La posición española es partidaria de un mayor intervencionismo en el mercado eléctrico. El corazón de su propuesta de reforma abogaba por un precio fijo regulado para las centrales nucleares e hidráulicas, justo lo que tratan de evitar a toda costa las empresas, sobre todo en el segundo caso. Pero en su rol de presidenta del Consejo de la Unión Europea, sobre todo Ribera busca ahora agilizar los tiempos para llegar a final de año con un acuerdo.

El papel de España desde el 1 de julio es precisamente --más allá de sus propios intereses como uno más de los Veintisiete-- el de árbitro de la reforma eléctrica, al marcar los tiempos y la agenda de trabajo legislativo. La intención de su predecesora, Suecia, era haber llegado a un acuerdo sobre el enfoque general del Consejo el pasado 19 de junio, pero la negociación encalló por la falta de consenso sobre el cómo redistribuir los ingresos de los contratos por diferencias y a qué instalaciones de producción afectan (solo a las nuevas inversiones o también a las existentes), entre otras cuestiones.

Los grupos del Parlamento Europeo han llegado a un acuerdo que deben votar el próximo 19 de julio. En ese caso ha desaparecido, como quieren las eléctricas, el límite a los ingresos de las centrales inframarginales, pero se mantiene la prohición a cortes de suministro a los consumidores vulnerables, que también deshecha Eurelectric. España quiere "cuanto antes" alcanzar el acuerdo en el seno de los Veintisiete para iniciar, así, el trílogo que supone la negociación entre Parlamento, Consejo y Comisión con el objetivo llegar a un acuerdo antes del 31 de diciembre de este año.