Operarios de Fomento (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) se personaron ayer en la travesía de la carretera Gijón-Sevilla (N-630) en Roales del Pan para evaluar las deficiencias de la rampa que hay en la acera junto a la vivienda de una vecina con problemas de movilidad. Las irregularidades en el asfalto impiden a Julia Hernández subir la pequeña cuesta en silla de ruedas para poder salir de casa, y las únicas alternativas son escalones, también insalvables para esta mujer que sufre las secuelas de la poliomielitis.
Finalmente, será Fomento quien ejecute la pequeña obra que facilitará la vida de esta mujer de Roales, que llevaba un año y medio pidiendo ayuda al Ayuntamiento para solucionar el problema de su acera.
En Fomento tuvieron conocimiento de los problemas de esta roaleña a través de las noticias publicadas en este diario, ya que el Ayuntamiento no les había trasladado las peticiones de Julia Hernández ni el acuerdo de Junta de Gobierno Local que se adoptó en septiembre de 2020, hace más de un año.
Por ese motivo, la oposición exigirá a la Alcaldía explicaciones sobre las gestiones llevadas a cabo para solucionar este asunto en el último año. Los concejales del grupo Municipal “Por Zamora”, Berna Miguel, Luis Alberto González y Manuel Sobrino, han solicitado la convocatoria de un pleno extraordinario con un único punto en el orden del día: “Información y explicaciones sobre la situación correspondiente a la rampa en la carretera Gijón-Sevilla. Relación de permisos solicitados”.
El alcalde tiene 15 días hábiles para convocar el Pleno extraordinario desde el día en que los concejales registraron la solicitud. Si pasados los 15 días no hubiera convocado la sesión, esta quedaría automáticamente convocada para el décimo día hábil siguiente al de la finalización del plazo.
El 12 de noviembre de 2021, en un comunicado público lanzado por el alcalde en el Facebook de información municipal, pedía a la vecina afectada que se uniera a la petición trasladada a Fomento por parte del Ayuntamiento “en lugar de presionar mediáticamente”.
Posteriormente, la oficina de Fomento en Zamora tuvo que desmentir que hubiera recibido ninguna petición en relación a esa acera de Roales del Pan. Sin embargo, comenzaron a trabajar desde el día siguiente a la publicación del comunicado municipal en la prensa para dar una solución a la rampa de esta vecina, sin mediar comunicación formal por parte del Ayuntamiento.
En los casos que afectan a la accesibilidad de las personas, Fomento suele actuar con la máxima celeridad para solucionar este tipo de problemas que afectan a las personas, especialmente cuando se trata de responder a solicitudes formuladas por ayuntamientos para llevar a cabo obras que no afecten directamente a la calzada de las travesías.
1,3 millones de euros para los municipios en obras de accesibilidad
La Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León ha concedido 46 subvenciones a localidades en proyectos de accesibilidad en edificios municipales de la provincia de Zamora por valor de 1.312.301,09 de euros. Destacan las concesiones de subvenciones a la construcción de un ascensor en Villar del Buey por 50.000 euros, una rampa en Fuentesecas por 15.000 euros y un elevador por 30.000 euros en Benavente.
El objetivo de estas subvenciones, que se enmarcan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, es la adecuación y modificación de las infraestructuras en los edificios de uso público para mejorar la accesibilidad. Son como máximo de 15.000 euros para la construcción de rampas, de 30.000 euros para la instalación de elevadores y de 50.000 euros para la instalación de ascensores, por lo que los municipios han podido gestionar una aportación propia para así alcanzar sus objetivos para mejorar la accesibilidad, como la localidad de Asturianos, donde la Junta ha aportado 50.000 euros y el pueblo ha incrementado esa ayuda con otros 36.280,65 euros para la construcción de un ascensor.
Como criterios objetivos de valoración se ha utilizado el número de personas empadronadas que tengan reconocido oficialmente un grado de discapacidad superior al 33%, las que tengan reconocido un grado de discapacidad superior al 64%, y las personas empadronadas que tengan más de 65 años.
